*Por Diego Jaimes (Radio Encuentro- Viedma) y Pablo Antonini (Radio Estación Sur- La Plata)

La movilización de medios cooperativos y comunitarios al ENaCom es otro emergente del hostigamiento, ahogo y represión que se padece en la comunicación y el periodismo no oficialista en general, pero también tiene rasgos propios: mientras viven una realidad particularmente difícil, el destino de miles de millones legalmente asignados para su fomento es un misterio. 

El Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (FOMECA) es una herramienta que permite redistribuir el gravamen que tributan los medios de comunicación audiovisual para el fomento de producciones y medios comunitarios, de frontera y de pueblos originarios en Argentina. El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) tiene la obligación legal de implementar concursos de subsidios para impulsar procesos de actualización tecnológica, mejoras de gestión y producción de contenidos audiovisuales para radios, canales y productoras de medios comunitarios. No lo hace desde 2023.

Desde la llegada del gobierno de Javier Milei, el organismo se encuentra bajo una intervención por decreto que ya fue prorrogada dos veces. Esto implica la marginación de las representaciones del Congreso Nacional que deberían integrar su Directorio y co-gobierno con la obligación de mantener reuniones, someterse a contralores y dar cuenta de sus actos. Hoy todas sus funciones las absorbe el interventor Juan Martín Ozores sin rendir cuentas a nadie.

El artículo 97 de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual vigente señala que de los fondos recaudados por el organismo, un diez por ciento se deben destinar a su implementación. Del mismo fondo surge el financiamiento de otros organismos como el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional de la Música, el Instituto Nacional del Cine, la Defensoría del Público, Radio y Televisión Argentina, y el propio ENACOM. 

La aplicación efectiva del Fondo de Fomento se inició en 2013 -con la gestión de Cristina Fernández de Kirchner-, se paralizó durante un año -2016, el primero de Macri- y retomó su ejecución hasta el 2023 -último de Alberto Fernández- con números dispares según el período. 

Desde el minuto cero de la actual gestión -en consonancia con las políticas de ajuste en todas las áreas del Estado nacional- no volvió a ejecutarse. El organismo de aplicación tiene una deuda millonaria por proyectos en ejecución interrumpidos, o concursados y aprobados con convenio firmado, que nunca se efectivizaron. El porcentaje de la recaudación del gravamen a la comunicación audiovisual que la ley asigna para esto -y cuyo paradero se desconoce- asciende a 2.500 millones en la recaudación de 2023 y 6.500 millones de 2024.

Potenciar democracia y diversidad

El FOMECA fue creado con el fin de potenciar la democracia informativa y comunicacional, en tiempos de grave concentración de la propiedad mediática, de la publicidad y de la construcción de agendas a nivel local. El perjuicio de su inexistencia alcanza a audiencias y comunidades de todo el país que pierden espacios de expresión e identidad.

Los puntos más relevantes que ha financiado el Fondo entre 2013 y 2023 son la producción de contenidos -a través de programas diarios y semanales-, el equipamiento y la infraestructura, la gestión de sus proyectos -aportando niveles de sostenibilidad económica muy significativos- la formación de sus equipos de trabajo, y la producción y difusión de campañas educativas, de salud y de bien público. 

El FOMECA no tiene color político: participan de sus concursos abiertos entidades de todo tipo, que han llegado durante toda su ejecución al número de 724. Esto incluye tanto medios de radio y televisión como comunidades de pueblos originarios y otras organizaciones e instituciones productoras de contenidos, en líneas diferenciadas. La composición del sector beneficiado es una muestra de federalismo: se participa desde todas las provincias argentinas con un cupo mínimo por región, lo que contribuye a desconcentrar la producción de información y contenidos en los grandes centros urbanos. 

En diez años de ejecución se financiaron 3139 proyectos, a razón de más de 300 por año. 

Cabe destacar que incluso en los años de mejor performance, no se llegó al 10% que prevé la Ley:

La democracia informativa y comunicacional no es cosa del pasado. La necesidad de encontrar espacios públicos para que circule la palabra es hoy más fuerte que nunca, teniendo en cuenta el despliegue de plataformas digitales a través de internet. Existen realidades en amplios territorios y regiones del país que, de no ser por los medios locales, comunitarios, ciudadanos, cooperativos, no tendrían lugar para ser escuchadas, vistas. Las demandas de sectores afectados en sus derechos más básicos difícilmente encuentren eco en los medios concentrados, o en el actual esquema vaciado de medios públicos estatales. 

El panorama del trabajo periodístico y comunicacional no presenta un cuadro más positivo: amenazas, hostigamiento público desde las más altas esferas, represión y precarización conforman un cuadro donde sobresalen a diario los discursos de odio, noticias falsas, operaciones de desprestigio y estigmatización. La resistencia a promocionar el desarrollo de proyectos de comunicación no lucrativa va en sintonía con una lógica que sólo concibe a la comunicación como negocio. 

Para justificarlo el gobierno recurre a las mismas prácticas y narrativas que en otras áreas: desde el relato, al igual que con los alimentos, las primeras y pocas explicaciones justificaban la parálisis en la necesidad de “analizar y evaluar” antes de hacer nada, y así va ya un año y medio de nada. Desde la práctica, al igual que con el impuesto a los combustibles, se permite seguir recaudando alegremente un tributo con asignación específica sin aplicarlo a los fines que la ley indica.

El problema de ambas cosas es que inevitablemente tienen vuelo corto: no es viable justificar la inacción invocando un estado de evaluación permanente, ni incumplir abiertamente los deberes que la ley asigna a funcionarios públicos por demasiado tiempo. En los dos ejemplos referidos, de hecho, el gobierno ya acumula sendos fallos judiciales en su contra. La concentración frente al ENaCom podría sentar las pautas para un camino similar.

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