Comunidades mapuches van a la justicia federal para que no se elimine su reconocimiento territorial
El gobierno nacional y provincial avanzan en la anulación del reconocimiento territorial de comunidades mapuches en Mendoza sin consulta previa, en contra de la legislación vigente. Las comunidades acudirán a la justicia federal para frenar la medida.
Escuchar/Descargar el reporte de Daniela Nievas desde Radio Tierra Campesina de Lavalle, Mendoza.
Comunidades mapuches de Mendoza se presentarán ante la justicia federal contra la decisión del gobierno nacional de dar marcha atrás con el reconocimiento de sus territorios.
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) revocó el reconocimiento territorial de tres comunidades mapuches en el sur de Mendoza, decisión que fue impulsada por el gobierno provincial y que generó un fuerte rechazo de las organizaciones indígenas.
En declaraciones a Radio Tierra Campesina, Gabriel Jofré, referente de Malalweche, afirmó que el INAI no consultó a los pueblos originarios antes de tomar la decisión, lo que viola la legislación vigente. “Toda decisión administrativa del Estado, sobre todo que afecta los derechos directos de las comunidades, y más cuando ya ha habido un reconocimiento previo, debe ser consultada con las comunidades. Eso no fue realizado de ninguna manera”.
El derecho a la consulta previa, libre e informada está reconocido en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Cualquier medida que afecte directamente a comunidades indígenas debe ser consultada con ellas, algo que en este caso no ocurrió. Desde las comunidades mapuches advierten que esta decisión no solo es ilegal, sino que también busca allanar el camino para el avance de intereses privados sobre sus territorios.
Las comunidades anunciaron que impugnarán la resolución ante la justicia federal y advirtieron que no van a permitir el avance de intereses privados sobre sus territorios. “Queremos empezar a denunciar claramente que esto no es nada institucional, es un acuerdo espurio político entre el gobierno provincial y el nacional que no tiene fundamento jurídico”, concluyó Jofré.
