La Secretaría de Derechos Humanos pidió perpetua para prefectos acusados del asesinato de Rafael Nahuel
El abogado Mariano Przybylski, director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, negó que se haya tratado de un enfrentamiento y reclamó la pena máxima para los cinco integrantes de la fuerza por ser “coautores del delito de homicidio agravado por haber sido cometido por arma de fuego, por el concurso premeditado de dos o más personas y abusando de su función siendo integrantes de la fuerza de seguridad, en perjuicio de Rafael Nahuel Salvo”.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió prisión perpetua para los prefectos acusados del asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, aseisnado por la espalda el 25 de noviembre de 2017 mientras participaba de la recuperación territorial de la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi, cerca de Bariloche, en Río Negro.
El pedido de la Secretaría de DDHH fue durante el alegato en el juicio oral y público que se realiza ante el Tribunal Oral Federal de General Roca, que tiene como acusados a Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio Damián García.
El abogado Mariano Przybylski, director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, negó que se haya tratado de un enfrentamiento y reclamó la pena máxima para los cinco integrantes de la fuerza por ser “coautores del delito de homicidio agravado por haber sido cometido por arma de fuego, por el concurso premeditado de dos o más personas y abusando de su función siendo integrantes de la fuerza de seguridad, en perjuicio de Rafael Nahuel Salvo”.
De la misma manera, pidió que los acusados sean considerados culpables del delito de “homicidio agravado, por haber sido cometido con arma de fuego, con el concurso premeditado de dos o más personas, abusando de su función siendo integrante de la fuerza de seguridad, en grado de tentativa, en perjuicio de, por lo menos, Gonzalo Coña, Giovanna Coluán, Fausto Jones Huala y Lautaro González”.
Por último, solicitó que en la parte resolutiva del fallo se reconozca a Rafael Nahuel Salvo, Gonzalo Coña, Giovanna Coluán, Fausto Jones Huala y Lautaro González, como víctimas de violencia institucional y que, si el Tribunal hace lugar al pedido, “que se ordene, se dicte la prisión preventiva y la inmediata detención” de los cinco miembros del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina.
