El gobierno nacional presentó este miércoles, en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), ubicada en el barrio porteño de Belgrano, el Plan Integral de Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad (AccesAr) con el fin de fortalecer las políticas de inclusión para personas con discapacidad en los municipios del país.
Durante el acto, el presidente Alberto Fernández entregó la pensión no contributiva número 100.000, y recordó que mientras duró el mandato presidencial de Mauricio Macri “se cajonearon 145 mil solicitudes. Esto significa condenar a 145 mil personas a no acercarle a la posibilidad de estar mejor”. Y subrayó que desde diciembre de 2019 “tuvimos otra mirada, que era la de reparar esto rápidamente, y eso nos permitió devolverle ese derecho que había sido cajoneado, arrebatado por la gestión anterior, a 40 mil personas con discapacidad”.
Además, el jefe de Estado resaltó que entre el año pasado y este año, “con la pandemia a pleno, hemos otorgado 110.000 nuevas pensiones, ¿qué significa esto? Que hay dos formas de ver el mundo, pero la verdad en el tiempo en que la pandemia nos condenaba a muchas restricciones, ninguna causa nos llevó a nosotros a decir que sigan padeciendo los que están necesitando”.
[reproductoraudio mp3=https://ia601408.us.archive.org/7/items/accesar-discapacidad-fernando-galarraga/ACCESAR%20DISCAPACIDAD%20-%20Alberto%20Fern%C3%A1ndez.mp3 ogg=https://ia601408.us.archive.org/7/items/accesar-discapacidad-fernando-galarraga/ACCESAR%20DISCAPACIDAD%20-%20Alberto%20Fern%C3%A1ndez.ogg]Del acto participaron el director Ejecutivo de la ANDIS, Fernando Galarraga, la subdirectora Greta Marisa Pena y la directora Paula Martínez. También estuvieron presentes los intendentes e intendentas de Berisso, Fabián Cagliardi; de Cañuelas, Marisa Fassi; de Pilar, Federico Achával; de Ensenada, Mario Secco; de Almirante Brown, Mariano Cascallares, además de las legisladores porteños Gisela Marzziotta, Victoria Montenegro y Juan Manuel Valdés.
El titular de ANDIS aseguró desde que llegó al área se encontraron “con un organismo derrumbado desde lo operativo, estructural, las políticas que tenia que implementar” y que tuvieron que asumir “una deuda histórica que alcanzó el 20% de nuestro presupuesto del año pasado para pagar la deuda que heredamos con prestaciones, instituciones, gobiernos provinciales”.
“Con esto estamos dando un paso que tiende a poner justicia social allí donde se vio quebrada. Porque desamparar a alguien que tiene una discapacidad es un acto de injusticia y de inmoralidad y es una inconducta del que gobierna”, remarcó.
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