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La Secretaría de Derechos Humanos es querellante en la causa por el asesinato de Rafael Nahuel

El juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Javier Zapata, resolvió aceptar a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como querellante en la causa en donde se investiga el asesinato de Rafael Nahuel en noviembre de 2017, durante una represión del Grupo Albatros, de la Prefectura Naval Argentina, a la comunidad mapuche Lafquen Winkul Mapu en la localidad rionegrina de Villa Mascardi.

En declaraciones a Radio Encuentro, el director de Política contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski, explicó que la participación de la Secretaría tiene varios objetivos.

Por un lado, que se conozca la verdad y que haya justicia para la familia, que merece que haya justicia y se condene a lo responsables”, aseguró.

A su vez, como Estado, queremos llegar a una condena que también sea ejemplificadora de lo que no queremos que suceda. Queremos que estos hechos no se repitan más, que el Estado actúe de otra manera no violenta para solucionar los conflictos que hay en todas las sociedades”, agregó.

Como tercer eje, el funcionario apuntó que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación “tiene un interés particular en participar en esta causa porque en caso que estos hechos queden impunes el Estado federal puede llegar a ser eventualmente condenado internacionalmente por casos como estos”.

En ese marco, contó que van a “proponer medidas de prueba, tener el acceso al expediente para ver cómo viene la investigación y ser parte colaborando para llegar a un juicio oral, que es lo que queremos, y que se defina quién fue el responsable y que tenga la condena que merece”.

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En los fundamentos de su decisión, el juez Zapata entiende que “resulta incuestionable la capacidad de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación para intervenir en este expediente”. En ese sentido, el juez destacó que “del desarrollo efectuado por el Secretario de Derechos Humanos de la Nación se advierte con facilidad que en autos se pretende intervenir en el legajo como organismo dependiente del Poder Ejecutivo Nacional, a fin de peticionar lo que a su criterio resulte necesario y conveniente para asegurar —con diligencia— la investigación y sanción de toda violación a los derechos humanos que podría eventualmente comprometer la responsabilidad internacional del Estado argentino”.

Escuchar/Descargar la entrevista completa a Mariano Przybylski.

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