A más de un año del violento desalojo, muchas familias siguen viviendo hacinadas en una capilla y exigen la entrega inmediata de los lotes prometidos por el gobierno provincial.

Escuchar/Descargar el reporte de María Abaca, desde Radio La Ronda

A más de un año del brutal desalojo en Juárez Celman, ciudad ubicada a 15 kilómetros de Córdoba capital, las familias sin techo del Barrio Comunitario Parque Esperanza, realizaron este último jueves una nueva toma pacífica en el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia con el fin de obtener una respuesta a las necesidades habitacionales.

Exigen al gobierno de Juan Schiaretti que cumpla con el compromiso que asumió en septiembre pasado, de otorgar 33 lotes a las familias que quedaron sin lugar a donde ir. Además de este incumplimiento, reclaman contar al menos con mejores condiciones de vida dentro de la capilla de Juárez Celman donde viven hacinadas decenas de personas y no cuentan con el funcionamiento óptimo de los servicios y de medidas de seguridad e higiene.

En aquel 1° de junio de 2018, la policía de la provincia de Córdoba desalojó violentamente y sin orden judicial a unas 120 familias que desde hacía cinco años habitaban terrenos abandonados: parte tierras fiscales, parte propiedad de la empresa URBANOR SA, la cual nunca llevó a cabo el proyecto inmobiliario pretendido.

Barrio Parque Esperanza ya había sido reconocido por el Estado nacional en el Registro de barrios populares, asentamientos y villas a urbanizarse y regularizar su situación por parte del Estado. Sin embargo, con el pasar del tiempo y cinco meses antes de que sea aprobada la Ley de Barrios Populares a fines de 2019, el gobierno municipal de Myriam Prunotto (Cambiemos) y el gobierno provincial de Schiaretti avalaron el brutal desalojo.

Andrés Villalba, integrante de la agrupación Jóvenes al Frente, denunció la prioridad del Estado de proyectos desarrollistas por encima del derecho habitacional de las familias.

“El desalojo en Juárez Celman es un desalojo totalmente político que tiene que ver con quiénes van a ser los nuevos habitantes del área metropolitana de la ciudad de Córdoba. Córdoba capital es un cuadrado y a la vuelta del área metropolitana de todas estas intendencias se está produciendo un desarrollo inmobiliario a pasos agigantados donde está involucrado el empresariado. Los intereses que tenían las familias de trabajar en comunidad, generar otra forma de vida o entender la tierra como un derecho y no un negocio imposibilitaban, este tipo de desarrollos”, explicó Villalba.

De aquellas más de 100 familias desalojadas, ninguna solucionó su necesidad habitacional. Algunas aceptaron los $40.000 que el Ministro de Desarrollo Social de la provincia de Córdoba ofrecía para dejar el lugar de «común acuerdo», otras tantas tuvieron que pedir lugar a familiares y conocidos/as, y unas 40 quedaron viviendo hasta hace poco hacinadas en la Capilla de B° Parque Norte en Juárez Celman. Hoy son 15 las familias que a más de un año y dos meses, no consiguen lugar donde ir.

“Vivir en esa capilla es una decisión política que tomó el Gobierno luego de un desalojo violento, nadie quisiera vivir ahí. Y lo que se le pide justamente al Estado es el cumplimiento de su palabra porque ya se venció el plazo y la adjudicación de lotes es urgente para ir a trabajarlos. Las familias quieren salir de la Capilla pero quieren salir de sus terrenos a un lugar estable, porque ha paso un año y ninguno pudo solucionar su problema habitacional de raíz”, comentó Villalba, quién junto a vecinos y vecinas formaron una cooperativa de trabajo para construir las viviendas en los lotes que el Estado prometió adjudicar, pero desde hace meses no cumple.

Para el joven la decisión de que aún haya familias viviendo en una capilla es una decisión del gobierno de la provincia y que no se podría sostener sin el blindaje y la complicidad de los grandes medios de Córdoba que no informan ni investigan la real situación de lo que pasó y pasa con las mujeres, niños y niñas que quedaron sin nada.

“En muchos medios ocultan sabiendo de qué se trata, muchos medios objetan la realidad de cuántas familias era. Hoy está muy difícil pensar diferente, más si es en contra del Estado”, comentó.

Las familias sin techo de Barrio Parque Esperanza exigen el derecho a una vivienda digna que les fue quitado por el mismo Estado. A más de un año del desalojo siguen denunciando el incumplimiento del gobierno provincial y más de 40 familias esperan la adjudicación de los 33 lotes que la comunidad de Parque Esperanza compartirá para construir sus casas y continuar el proyecto de barrio comunitario.

Mientras tanto, otro año más, el Estado es responsable de que familias enteras pasen otro invierno más sin condiciones dignas para la vida.

La Ronda - Colonia Caroya