Más de 100 organizaciones sociales, de derechos humanos y de personas migrantes habían anunciado su rechazo a la reforma y reclamaban que el gobierno los reciba para plantearles sus argumentos.

Finalmente el gobierno no accedió al diálogo y el anuncio se concretó hoy con la publicación del decreto en el Boletín Oficial. Entre otros puntos el decreto habilita a las autoridades migratorias a impedir el ingreso a personas condenadas, aunque su sentencia no esté firme o a los que sólo tengan antecedentes penales o integren organizaciones que puedan ser consideradas terroristas.

La semana pasada, en diálogo con Informativo FARCO, el abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales Diego Morales consideró que esta reforma se debe discutir en el Congreso: “Hay una mezcla por qué se entiende por políticas de seguridad y qué se entiende por políticas migratorias. Son temas cuyo cauce debe ser el Congreso, así lo define la constitución”.

El CELS rechazó la idea de asociar el delito a los migrantes al considerar que “la participación de personas migrantes en el total de los delitos es menos del 5 por ciento de la población carcelaria es extranjera”. Ver nota completa

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