Escuchá el reporte de Ignacio López Isasmendi, de Colectivo de Comunicación Popular La Palta
A mediados de mayo se conocerá el veredicto en la única causa por delitos de lesa humanidad que se juzga en la provincia en estos momentos. Se acusa al ex juez por su participación en 5 homicidios calificados, prevaricato y privación ilegítima de la libertad. Esta causa se desprende del proceso que, en 2011, dicto la prisión perpetua para los represores Luciano Benjamín Menéndez y Roberto Heriberto Albornóz.
En este juicio en particular se le imputa al ex juez federal Manlio Torcuato Martínez su accionar en el asesinato de cinco militantes de la agrupación Montoneros ocurrida en una vivienda tucumana (ubicada en calle Azcuénaga al 1800) en mayo de 1976 y del secuestro y tortura de Miguel Romano. En reiteradas ocasiones el juez aseguró que no intervino en el hecho porque no era competente. Sin embargo, desde el Ministerio Público Fiscal y desde las querellas que lo acusan (las de la familia Romano, de la familia Romero Nicklison y de la Secretaría de Derechos Humanos) consideran que no solamente no investigó las muertes ocurridas en aquella vivienda, sino que, además, colaboró con una causa fraguada contra Romano que derivó en la privación ilegítima de su libertad y torturas, además de que buscaron usurparle el bien inmueble de la calle Azcuénaga.
«El juez, prevaricando, comete privación ilegítima de la libertad de Romano. Los testigos vienen confirmando este accionar ilegal de parte de Martínez», expresó el abogado querellante de la Secretaría de Derechos Humanos Bernardo Lobo Bugeau en una entrevista realizada por el colectivo La Palta. El prevaricato, también denominado como prevaricación es aquel delito en el cual incurren los funcionarios públicos, autoridades, jueces, entre otros, cuando faltan, ya sea, a sabiendas o por ignorancia inexcusable, a las obligaciones y deberes inherentes al cargo que desempeñan. En este caso puntual, el juez no accionó luego de ver los cadáveres en calle Azcuénaga declarándose «incompetente».
El abogado, también destacó que una maniobra cotidiana provechar la situación de los procesadosa para obligarlos a vender o entregar a precios viles su propiedades: «el poder judicial no era ajeno a las ejecuciones sumarias a los casos de fabricar causas para, a las personas que aparecían ligadas por la inteligencia militar y civil a los grupos insurgentes políticos. En esta tarea, resulta de fundamental importancia el aporte que realizó el juez Martínez», agregó.
[reproductoraudio mp3=https://archive.org/download/ReporteLaPlata280415/Reporte%20La%20Plata%20280415C.mp3 ogg=https://archive.org/download/ReporteLaPlata280415/Reporte%20La%20Plata%20280415C.ogg]Sobre ese hecho que le que costara la vida a Alejandra Niklison, Eduardo González Paz, Juan Carlos Meneses, Fernando Saavedra Lamas y Atilio Brandsen, un nuevo testigo que llegó al lugar declaró el miércoles pasado en el debate oral y público que se realiza en el Tribunal Oral Federal. Se trata de Alejandro Sangenis, quien por aquel entonces era un estudiante de medicina con pocas materias para recibirse. En su testimonio contó que había ingresado a la policía como estudiante en criminalística; cuando la dictadura militar tomó el mando del país, los que eran practicantes pasaron a ser enfermeros y en el año 1976 lo pasaron a la División Sanidad en el Cuerpo de Gendarmería. Fue en cumplimiento de esa función que recibió un llamado poco común en el que les informaban que había un enfrentamiento en el barrio al que se dirigió en la misma ambulancia en la que iba el doctor García La Torre. Cuando llegaron al lugar solo alcanzó a ver que había fuerzas de seguridad. “Estaba la división de explosivos, en la casa había un cuerpo al que se le veían los miembros inferiores”, contó el médico el miércoles en la sala de audiencias.
El especialista aseguró que no hicieron ninguna intervención médica. “No hubo heridos que curar. Nada. Se veía rastros de una balacera pero no había ningún herido de la fuerzas de la seguridad y estuvimos unos 15 minutos y nos tuvimos que retirar del lugar”, sostuvo. Ante las preguntas de las querellas Sangenís insistió con que no vio médicos, no vio otros peritos y que no solamente actuaban las fuerzas policiales sino otras fuerzas de seguridad también. “Estaban los del ejército”, especificó e identificó a Gonzáles Naya y a Roberto Heriberto Albornoz.
Se prevé que la condena se conozca el 14 de mayo próximo. El pedido de la querella será la máxima pena.
