Violencia policial y xenofobia en La Plata: “el problema es la criminalización de los pobres”
Organizaciones sociales, vecinas y vecinos del Barrio Malvinas denuncian violencia y racismo por parte de la policía y el gobierno. Apuntaron a la gestión del Intendente Julio Garro y del ministro de Seguridad Cristian Ritondo.
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Ayer organizaciones sociales junto a vecinos y vecinas del barrio Malvinas se movilizaron a los Tribunales Federales de La Plata para protestar por los desmedidos operativos policiales en el barrio de la periferia platense y presentar un habeas corpus preventivo en favor de una integrante del Frente Popular Darío Santillán (FPDS), que viene sufriendo el hostigamiento de la policía.
Las últimas semanas hubo una serie de violentos allanamientos autorizados por la justicia y ejecutados por diversas fuerzas del Ministerio de Seguridad Bonaerense. En ese marco, el pasado 23 de abril el grupo Halcón, la DDI y efectivos del Destacamento La Unión volvieron a allanar la casa de la mujer cuando no estaba: “redujeron y precintaron a sus dos hijos menores de edad, rompieron puertas, revolvieron toda la casa (…) Este es el octavo allanamiento que sufre la compañera en 2 años, siempre con violencia y siempre arrojando resultado negativo”, explicaron en un comunicado.
En diálogo con FM Resistencia, Amelia Barreiro, integrante también del FPDS, señaló que con el aval del ministro de Seguridad Cristian Ritondo, “hay un aumento de la violencia policial que bajo la excusa de luchar contra el narcotráfico y de tirar abajo búnker de narcotraficantes o cocina de drogas, en realidad lo que hacen es instalarse en los barrios populares, caer con todo el aparato represivo, perseguir vecinos y vecinas de distintas organizaciones”.
“La excusa de la inseguridad o del narcotráfico lo que hace es saturar de presencia policial a los barrios pobres. En vez de mejorar la situación empeora porque sabemos y hemos denunciado en distintas oportunidades la complicidad que existe entre la policía y el narcotráfico, la trata y otras formas de corrupción”, agregó.
La vecina -que en dos años sufrió ocho allanamientos violentos contra ella y sus hijos menores, todos con resultado negativo- ya tiene un Habeas Corpus Preventivo previo presentado y resuelto favorable en septiembre 2018, donde el Juzgado de Garantías 2 ordenaba al Destacamento La Unión abstenerse de detención, captura o pesquisa sobre la mujer.
Foto: Pulso Noticias
