Organizaciones de derechos humanos critican la declaración de emergencia en seguridad
Presentaron una “Agenda social y mínima para la seguridad" y exigen una reunión con la gobernadora Vidal. Rodrigo Pomares, integrante de la Comisión Provincial por la Memoria, dio detalles sobre esta iniciativa.
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El Colectivo de Investigación y Acción Jurídica (CIAJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Provincial por la Memoria y la Asociación Miguel Bru, junto con otros organismos e instituciones de Derechos Humanos provinciales y nacionales, presentaron este lunes el documento “Agenda social y mínima para la seguridad en la provincia de Buenos Aires”. El mismo fue a dado a conocer en conferencia de prensa en La Plata y será entregado –acompañado de un pedido de audiencia–, a la gobernadora María Eugenia Vidal y al ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo.
El documento contempla cuatro ejes sobre la seguridad: el preventivo; el represivo; el investigativo-judicial y el vinculado a delitos complejos. Según expresan los firmantes, “estos ejes y puntos desagregados no reflejan en su totalidad el paradigma al que desde nuestras diferencias adherimos, sino el piso mínimo, nuestros acuerdos básicos y el lineamiento social irrenunciable frente a los amplios saldos negativos que se sostienen y acrecientan en materia de Seguridad Democrática y que creemos necesario dar pronta respuesta en esta nueva gestión”.
En diálogo con Radio Ahijuna!, Rodrigo Pomares, director del Programa Justicia y Seguridad Democrática de la Comisión Provincial por la Memoria, afirmó con respecto a la declaración de emergencia en seguridad emitida por la flamante gobernadora que el problema de fondo es la disposición de los presupuestos públicos.
Por otra parte, Rodrigo Pomares afirmó en que la lucha por el narcotráfico es una excusa para tomar esta medida.
La política criminal basada en el punitivismo la repiten los gobiernos de turno y provocó el colapso del sistema penal en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, se denuncia el incremento de la población carcelaria, el agravamiento de las condiciones de encierro y la práctica de la tortura; sumado al crecimiento de las detenciones arbitrarias, las muertes por uso letal de la fuerza y la habilitación de calabozos en comisarías para detenciones.
A nivel nacional, la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, además, confirmó que en los próximos días se presentará un protocolo sobre cómo actuará el Estado frente a las protestas sociales, y que le pedirán a la Justicia que tengan una «reacción rápida».
