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A diferencia de experiencias anteriores, la propuesta introduce un cambio integral: un Sistema de Estacionamiento Medido completamente digital y bajo administración municipal, sin mecanismos claros para garantizar la continuidad laboral del sector.
El conflicto por el estacionamiento medido en la ciudad tiene raíces de larga data: desde hace más de dos décadas los “tarjeteros” forman parte del paisaje urbano gestionando las tarjetas de estacionamiento y cuidando vehículos en el centro de la ciudad.
Cada intento de actualizar el sistema vuelve a plantear el mismo interrogante: cómo ordenar el espacio público sin excluir a quienes han trabajado tradicionalmente en la calle.
Tamara Berales, dirigente de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que nuclea al sector tarjetero de Paraná, dijo acerca de esto: «Nosotros creemos que es importante y muy necesario avanzar en un nuevo sistema de estacionamiento medido que contemple la tecnología pero que también contemple a los trabajadores en dicha política.» Además, detalló: «A la fecha son 180 trabajadores que se encuentran habilitados por el municipio por medio del Decreto 520/24, entonces el Estado no puede no reconocer a quien ya habilitó como un trabajador».
El conflicto se profundizó porque el proyecto que entró en estado parlamentario en el Consejo Delibertante incluye un artículo que prohíbe el cobro por cuidado de autos y habilita la intervención policial en las zonas reguladas, lo que los trabajadores consideran una criminalización de su actividad.
«Nosotros creemos que en todo caso hay que pensar una alternativa real y eficaz. Creemos que la salida nunca es la criminalización de la pobreza y vamos a pedir que ese artículo sea modificado o quitado del proyecto de Ordenanza, como así también la incorporación del trabajador como tal para el nuevo sistema» , aseguró Berales.
El sector tarjetero se mantiene en estado de alerta y movilización. Algunos bloques manifestaron la disposición a incorporarlos como fiscalizadores en una futura licitación, pero no existen definiciones concretas.
El desenlace, por ahora, es una disputa abierta: el municipio impulsa la modernización del sistema y los trabajadores reclaman que esa modernización no se haga a costa de su exclusión.