La asamblea de Vecinos del Chavascate existe desde que habitantes de Agua de Oro, El Manzano y Villa Cerro Azul se enteraron del inminente loteo en la cuenca alta del río Chavascate. El emprendimiento de la empresa Ticupil S.A. podría dejar a tres ciudades sin agua, y fue suficiente para movilizarlos.
Este miércoles, se sumaron a otras organizaciones y asambleas cordobesas nacidas, igual que ellos, con el sello del conflicto socioambiental. Junto a vecinos movilizados por el desastre de las inundaciones, marcharon pidiendo que se declare el estado de Emergencia Ambiental en Córdoba.
“La idea es llamar a la emergencia ambiental en la provincia de Córdoba, donde este gobierno hace oídos sordos. El gobierno plantea que esto ha sido un tsunami, cuando en realidad es desmonte”, analizó Carlos Alvarez, uno de los asambleístas, a radio La Ronda.“Más allá de que estas luchas están en relación a la problemática, como el agua y los emprendimientos inmobiliarios, ésta (marcha) tuvo como un disparador las tormentas en las Sierras Chicas”, indicó Alvarez.
Alvarez remarcó la importancia de la marcha: “Estamos intentando contraponer otra visión de lo que puede ser hacer política en relación a las problemáticas hídricas”.
Según explicó, la declaración de Emergencia Ambiental incluiría dos instancias. Primero, la paralización de las obras inmobiliarias por un año, algo que la asamblea logró por un recurso judicial, pero que debería aplicarse a toda la provincia hasta hacer una evaluación de la situación. “Hay que hacer un reordenamiento territorial, y en esto es imprescindible que estén presentes las asambleas socioambientales de vecinos, porque ellos manejan cuales son las verdaderas problemáticas del desmonte y la deforestación a mansalva que se ha hecho”, precisó.
Lo segundo será “comenzar la discusión sobre la remediación de los hechos”. Esto significa que las empresas deberán hacerse cargo económicamente de los desastres que ocasionaron: “Va a ser la única manera de que la próxima vez lo piensen dos veces”.
Emergencia para otros
Carlos reflexionó también sobre la ayuda del gobierno de la provincia y la dirección política que fue tomando la asistencia: “responden a los grandes intereses”, apuntó. “Le llevan tanto el apunte con la emergencia al sector agroproductivo, que son los co-responsables de esta situación». Para Alvarez, es indignante, aunque “ni siquiera es una paradoja, es una cuestión de perversidad institucional”.
Escuchar entrevista completa a Carlos Álvarez, asambleísta
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