Miercoles 12 de Agosto del 2020 - Nacionales

Reforma judicial: avanza el debate en el Senado con reparos a la creación de juzgados

Una de las observaciones que se repitió fue la de no poner el énfasis en la creación de juzgados sino en la aplicación del sistema acusatorio que da un rol principal a los fiscales y fiscalas.

Ayer se reanudó de manera remota el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia y Asuntos Penales, presidido por la senadora por Santa Fe del Frente de Todos, María de los Ángeles Sacnun, para tratar la iniciativa que busca la reorganizción de las competencias de la Justicia Federal en la Ciudad Autónma de Buenos Aires y en las demás provincias que presentó el presidente Alberto Fernández.

Mediante videoconferencia se escucharon voces a favor y en contra de la propuesta impulsada por el Gobierno nacional, entre ellas, la Defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez; Paula Litvachky, directora Ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); el abogado especialista en Derecho Constitucional, Alejandro Gil Domínguez; el abogado Alejandro Fargosi; y, la fiscal Mónica Cuñarro.

Una de las observaciones que se repitió fue la de no poner el énfasis en la creación de juzgados sino en la aplicación del sistema acusatorio que da un rol principal a los fiscales y fiscalas.

Hay un punto de partida con el que discrepo. Si el fundamento de la reforma es el letargo y la politización de la justicia federal, lo que hay que hacer no es nombrar más jueces, duplicar el numero de jueces, sino juzgar y remover a los responsables”, aseguró Fargosi durante su exposición.

Cuñarro expresó: “Comodoro Py, o como se lo quiera llamar, es el único poder fáctico que tiene hoy la Argentina. La única manera de terminar con esto no es creando más juzgados sino implementando el sistema acusatorio”. También apuntó que el sistema penal como tal en Argentina está diseñado para delitos pequeños, y resaltó: “No hay una manera, o una forma de organización penal persecutoria que pueda abordar en forma compleja el crimen organizado, el narcotráfico, los delitos de corrupción, los delitos del sistema económico. Salvo que se implemente el acusatorio y que se diseñe una política criminal a través de distritos, fiscales especializados, unidades temáticas”.

“No entendemos que tal como esté previsto en el proyecto se esté planteando una propuesta para impunidad para nadie”, aclaró la directora Ejecutiva del CELS. Litvachky consideró que “nuestras críticas y nuestras observaciones van sobre todo con la necesidad de que lo que se pretenda cambiar es el modelo de funcionamiento de la Justicia Penal Federal, sobre todo la vinculada con la Ciudad de Buenos de Aires y del conurbano”.

“Para modificar la lógica de funcionamiento nos parece que este proyecto sigue quedando centrado en una lógica de creación de juzgados, fiscalías, que implica una mirada contraria al avance y a la implementación del sistema acusatorio tal como se aprobó con l modificación del código procesal del año 2014/2015”, opinó.

En tanto, la defensora Martínez manifestó que la reforma al sistema federal “debe hacerse, es muy necesaria y muy urgente”. También consideró que “hay que introducir profundas modificaciones en el funcionamiento de la justicia federal” pero que “la ley tiene alguno problemas«. “En primer lugar, coincido con lo que manifestó el doctor Marcos Salt en cuanto a que eso es un modelo antiguo”, expresó.

“Hay modelos muy virtuosos en la provincia de Chubut, Neuquén, Entre Ríos, Río Negro, donde ya se está aplicando el sistema acusatorio y se podían haber utilizado sus parámetros”, indicó.

Por su parte, Gil Dominguez afirmó que “el aspecto positivo de la reforma es la unificación de los fueros criminal y correccional federal y nacional en lo penal económico con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la creación de fiscalías y defensorías”. Y agregó: “Quizás sea una posibilidad de dar respuestas a las demandas de los órganos que aplican las convenciones internacionales contra la corrupción en términos de que no existe la persecución efectiva de los delitos de corrupción en el tiempo y con sanciones penales correspondientes”.

También tuvo su tiempo de exposición la ministra Gómez Alcorta, quien destacó el escaso número de juezas y fiscalas en el fuero federal. “Vemos que los juzgados federales de todo el país tienen como titulares el 79 por ciento varones y exclusivamente el 21 por ciento mujeres. Tribunales Orales federales sucede el mismo número. Las cámaras federales es un poco menor. Cuando vamos a los defensores oficiales estamos en el rango del 70 y del 29. Cuando vamos a las fiscalias todavía es mayor 79,8 y 20,2”.

También citó el ejemplo de la Cámara Federal de La Plata que cuenta con 20 jueces y ninguna jueza mujer, y de la fiscalía en Salta, con 11 fiscales varones y cero mujeres.“¿Qué es lo que nos demuestra esta información? la existencia de barreras institucionales y culturales que dificultan la participación de las mujeres en los espacios de mayor jerarquía y de toma de decisión”.

Ver plenario de comisiones completo:

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