Jueves 12 de Diciembre del 2019 - Córdoba

Organizaciones cordobesas pidieron reforma legal para garantizar el acceso a la información pública

Córdoba cuenta con una “Ley de Acceso al Conocimiento a los Actos del Estado” desde el año 1999. Sin embargo, la norma no contempla los estándares básicos para la vigencia plena de este derecho humano.

Escuchar/Descargar el reporte de Villanos Radio, desde Carlos Paz

Diversas organizaciones sociales de Córdoba solicitaron la reforma de la Ley de Acceso al Conocimiento a los Actos del Estado – que rige en la provincia desde 1999- bajo los lineamientos de la Ley modelo Interamericana que es del año 2010 y de la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública, sancionada en el 2006.

La actual legislación cordobesa, entre sus fallas, no define los principios claves que rigen el derecho de acceso a la información pública, no designa un ente encargado de su cumplimiento y deja como único recurso ante la falta de respuesta la vía judicial.

La Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) es una de las impulsoras de esta solicitud. Los pedidos que  presentaron requerían datos sobre temáticas vinculadas a otros derechos humanos, como la salud, el medio ambiente, el desarrollo, entre otros.           

Pedimos la actualización de la ley partiendo de una falencia en la práctica. Lo que nos motiva como fundación a hacer esto, ya que tuvimos la iniciativa y nos acompañaron otras instituciones de Córdoba como del país, es la falta de acceso a la información. Nosotros este año hemos hecho 99 pedidos de información pública y hemos obtenido 4 respuestas”, sentenció Nina Sibilla, abogada y coordinadora de fortalecimiento democrático de Fundeps.

Al comunicado de la fundación adhirieron múltiples organizaciones, entre ellas: Centro Latinoamericano de Derechos Humanos (CLADH), Fundación Conocimiento Abierto, Fundación Córdoba de Todos, Desarrollo Digital, Directorio Legislativo, Foro Ambiental Córdoba, Minka, Nuestra Mendoza, PARES, Poder Ciudadano, Red Ciudadana Nuestra Córdoba, Salta Transparente, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y Acción Colectiva.

“Un elemento clave es que se amplíe el significado por ley de ‘información pública’, es decir la información que debe dar el Estado.  Otro punto muy relevante es ampliar los ‘sujetos obligados’. Si bien se menciona el ejecutivo, legislativo y judicial, el poder judicial se limita a sus actos administrativos y esto no debería estar. Además, no se incluye a otros entes que reciben fondos públicos (por ejemplo partidos políticos, sindicatos o contratistas del Estado)”, explicó Sibillia.

Las provincias más avanzadas a nivel legislativo son Buenos aires, Mendoza y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por lo tanto, las organizaciones consideran que hay muchos insumos para poder construir una nueva ley. Lo más importante es que el gobierno de Juan Schiaretti asuma el compromiso político de garantizar un derecho humano fundamental como es el de acceso a la información, que es clave para el fortalecimiento de la democracia y la vigencia plena de un estado de derecho.

“Hay que pensar colectivamente que es en beneficio de todos, no es en contra del Estado. El objetivo final es colaborar con él, porque le da mayor legitimidad democrática. Mientras más personas se involucren y participen, mayor legitimidad van a tener las políticas públicas también”, concluyó la abogada.

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