La provincia presentó protocolo para que la policía use el arma de fuego sólo en casos excepcionales
La normativa que presentó el ministro de Seguridad Alfonso Mosquera prohíbe disparar a personas que "están causando daños materiales o que puedan producir lesiones mínimas", ni tampoco desde o hacia vehículos en movimiento, entre otros puntos.
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El ministro de Seguridad de la provincia de Córdoba, Alfonso Mosquera, presentó el nuevo protocolo de actuación policial para el uso legal y racional de la fuerza.
Se trata de una regulación que sistematiza los protocolos anteriores y que el gobierno provincial dio a conocer en medio de los cuestionamientos hacia la Policía tras el asesinato de Joaquín Paredes, el joven de 15 años, en Paso Viejo, localidad del Departamento Cruz del Eje, la séptima víctima de gatillo fácil desde que se secretó el aislamiento social preventivo y obligatorio.
“Este protocolo ratifica una vez más que el uso del arma de fuego es una excepción excepcionalísima y sólo cuando median riesgos inminentes para la vida del personal policial o de terceros”, expresó el ministro en conferencia de prensa y agregó: “Será de cumplimiento obligatorio y será ley para los policías en el ejercicio de sus cargos. Aquellos oficiales jefes o superiores que no estén a la altura de las circunstancias deberán abandonar de inmediato los deberes de su cargo si no tienen la capacidad, voluntad ni decisión de hacer cumplir las normativas contenidas en este protocolo”.

La norma establece, entro otros aspectos, la prohibición de efectuar disparos a personas que solamente están causando daños materiales o pueden producir lesiones mínimas. También prohíbe disparar hacia una multitud, desde o hacia vehículos en movimiento (salvo que corra riesgo inmediato, inminente y grave la vida del personal policial o de un tercero y no hubiere otra opción de abordaje), o “hacia un objetivo que no se encuentre lo suficientemente definido”.
En comunicación con VillaNos Radio, Valeria Plaza, abogada y coordinadora del Programa de Seguridad y Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, consideró que “este protocolo no inagura nuevas leyes sino lo que hace es tipifica o aclara qué sanciones administrativas van a correr para el personal policial”.
Además, opinó que hay que poner la mirada en el cumplimiento y control de lo establecido por las normas: “De qué manera voy a estar controlando y el actor policial va a sentir que está siendo observado y controlado por el plano político que es a quien la ciudadanía le puede exigir que haga o no haga algo”.
La abogada también remarcó en la importancia de que el protocolo sea conocido por la ciudadanía.