La Justicia de Córdoba ordenó al gobierno cumplir con el proceso participativo en la elaboración de la Ley de Bosques
El dictamen surge a partir de la presentación de un amparo realizado por las comunidades indígenas de la provincia.
Escuchar/Descargar el reporte de Carolina Ozán, desde Radio El Brote
En el marco del intento del oficialismo de aprobar un proyecto de Ley de Bosques que entre otras cosas habilita el desmonte químico, el rolado y la minería en zonas protegidas, la Justicia de Córdoba reconoció el derecho de las comunidades indígenas de nuestra provincia a ser consultados y dar el consentimiento previo, libre e informado ante cualquier ley o proyecto que modifique el territorio y las formas de vidas. Además, se exhorta al gobierno provincial a cumplir con el proceso de participación ciudadana en la creación del mapa de ordenamiento territorial de Córdoba, estipulado a su vez por la ley nacional. .
La autoridad casqui curaca, Mariela Tulián, de la Comunidad Tulián perteneciente al Pueblo Nación Comechingón de San Marcos Sierras, dijo a Radio El Brote que “Este es un doble triunfo, porque por un lado se reconoce el derecho a participar a las comunidades indígenas. Pero también, marca un precedente en una ley que rige el ambiente que gozamos todos.”
Tulián agregó que “esto implicaría que la provincia hoy tiene que convocar a todas las organizaciones si o si, para elaborar participativamente la modificación de lo que seria el mapa de ordenamiento territorial y todo lo que comprometa a la modificación de la Ley 9.814.”
Las comunidades indígenas de Córdoba no sólo nunca fueron consultadas, sino que de aprobarse el proyecto, serían parte de la población directamente afectada. Razón por demás suficiente para ser uno de los principales actores en la lucha en defensa del monte nativo, la soberanía alimentaria y su cultura ancestral.
Al darse a conocer esta información, la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, espacio al que pertenecen estas Comunidades Indígenas de Córdoba, emitió un comunicado en donde se informa que tanto ellas como las ONG Tercera Generación, y FUNAM coincidieron en señalar que la única medida razonable es el archivo definitivo del Proyecto de Ley y que la Secretaría de Ambiente convoque a un nuevo proceso de elaboración, esta vez participativo y respetuoso de las leyes.
