Escuchá el reporte de Fabricio Gómez, de Radio Tortuga
En 2014 ya se le había concedido una cautelar al country, medida que venció el pasado 26 de junio. Por ello, la jueza de primera instancia Graciela Vigilanti optó por dar una prórroga de cuatro meses, medida que la municipalidad, como tercera interesada en el juicio entre el country y la provincia de Córdoba, no apeló. En este sentido, el colectivo Todos por nuestros arroyos, que lucha desde hace cuatro años por la reapertura del espacio público, manifestó su desacuerdo.
El grupo Todos por Nuestros Arroyos, presentó 1300 firmas de vecinos y vecinas de Alta Gracia para solicitar que se cumpla la carta orgánica municipal en lo que refiere al acceso a los arroyos. Exigen evaluar el impacto ambiental, social y cultural de proyectos privados de envergadura, la realización de estudios de impacto ambiental y preservar el uso común de espacios existentes que contribuyan a mantener el equilibrio ecológico de la ciudad.
Tras la presentación, solicitaron una audiencia con el asesor Letrado de la Municipalidad, Daniel Villar, para consultar por las acciones realizadas por el Estado local en el conflicto entre el country Potrerillo de Larreta y la Provincia de Córdoba, donde el Municipio es tercero interesado. Sin embargo, se llevaron la sorpresa de enterarse que la jueza otorgó una nueva cautelar al barrio privado, por cuatro meses más.
“Vinimos acá a escuchar por iniciativa nuestra qué hacía la Municipalidad que es parte y nos encontramos con una respuesta jurídica, explicándonos y anoticiándonos ahora que la cautelar se estira cuatro meses más. Cuestionamos porque desde hace cuatro años luchamos y es llamativo que nos enteremos porque nos acercamos”, reclamó Ezequiel Pearson, integrante del colectivo.
[reproductoraudio mp3=https://archive.org/download/REPORTEFARCO200715RADIOTORTUGA/REPORTE_FARCO_200715_RADIO_TORTUGA%20c1.mp3 ogg=https://archive.org/download/REPORTEFARCO200715RADIOTORTUGA/REPORTE_FARCO_200715_RADIO_TORTUGA%20c1.ogg]“Son cuatro meses de no innovar, para que nada pueda modificar la decisión final y la sentencia que se debe dictar. Apelarla, implica demorar más de los cuatro meses que requerimos para definir la cuestión”, explicó Villar por su parte.
Durante la audiencia Villar pidió que el grupo confiara en la estrategia municipal que tenía el mismo objetivo que el grupo, sin embargo, desde el colectivo social pusieron en duda la estrategia jurídica en base a las acciones políticas del Municipio. “Nuestro cuestionamiento venía por ese lado, nos dicen que son terceros, nos dicen que es un problema jurídico, y hoy su posicionamiento está claramente del lado de una empresa que usa como quiere el espacio público”, expresó Pearson.
