La Coalición por una Comunicación Democrática repudió el fallo que habilita a Clarín/Telecom a aumentar sin límites
La medida cautelar otorgada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le permite al principal grupo empresario comunicacional del país incumplir el decreto que declaró a la telefonía, Internet y televisión por cable como servicios esenciales.
La Coalición por una Comunicación Democrática (CCD) repudió el fallo judicial que habilita al Grupo Clarín/Telecom a aumentar sus tarifas sin autorización del Estado.
La medida cautelar otorgada por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal le permite al principal grupo empresario comunicacional del país incumplir el decreto que declaró a la telefonía, Internet y televisión por cable como servicios esenciales.
En un comunicado, la CCD, integrada por medios comunitarios, organizaciones de trabajadores, docentes, usuarios y consumidores, expresa que los jueces “atienden más la renta empresarial que los derechos ciudadanos en pandemia”.
“Sostenemos como colectivo la trascendencia de que el Gobierno de Alberto Fernández tome medidas que recuperan la capacidad regulatoria del Estado, que había sido borrada por M. Macri – vía DNU – para favorecer la concentración sectorial”, reclamaron en el texto difundido en la jornada del jueves.
“Es tiempo de recuperar las banderas de una comunicación democrática, sin monopolios que amenacen la democracia”.
Comunicado de la Coalición por una Comunicación Democrática.
Además, remarcaron que “medidas como la Prestación Básica Universal Obligatoria y la regulación de tarifas entre los privados y el Estado protegen el acceso social a la información, la educación, la cultura y la ciudadanía”. Y agregaron: “Hacemos un llamamiento a la racionalidad política y a la primacía del estado de derecho para la inclusión democrática”.
El presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias, Pablo Antonini, aseguró que “es imprescindible una reforma judicial en serio” porque “no es posible que sigamos rehenes de empleados o alcahuetes de los grupos económicos que siguen ocupando lugares claves en la justicia y definiendo sobre el destino de millones de compatriotas cada vez que se quiere democratizar la comunicación, garantizar como en este caso el derecho al acceso universal a la conectividad o realizar cualquier transformación social, económica, de peso, cualquier medida que implique quitarle un privilegio a los eternos dueños de este país, choca con los tentáculos del poder económico en la justicia y eso se tiene que terminar”.
El titular de la red nacional que nuclea a las emisoras comunitarias sostuvo en diálogo con el Informativo FARCO que la Coalición se reorganizó “para ser un espacio que plantee las políticas de comunicación necesarias y urgentes que siguen pendientes” y que “requieren decisión política para avanzar”.
“Esperamos tener el eco necesario para que por un lado nos mantengamos firmes en la oposición, el rechazo y la denuncia a estas practicas enquistadas en el Poder Judicial y por otro lado se logre la decisión política necesaria para avanzar en las políticas que nuestro pueblo necesita”, finalizó.
Desde comienzos de este año que el grupo económico realiza aumentos por fuera de la normativa vigente e incumple con la Prestación Básica Universal (PBU). A fines de abril, representantes del Gobierno nacional, del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y de las empresas Telecom, Claro y Telefónica para que se empiece a cumplir con la PBU, un servicio que deben garantizar las empresas a los usuarios y usuarias que lo soliciten, siempre y cuando pertenezcan al universo de beneficiarios detallados.
La semana pasada, el vicepresidente del ENACOM, Gustavo López indicó en el noticiero federal que presentarían un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para que el grupo económico cumpla con la decisión del Poder Ejecutivo Nacional.
