Familiares de víctimas de abusos en el Instituto Próvolo reclaman que avance el juicio
El segundo juicio por los abusos cometidos en el establecimiento de Luján de Cuyo está demorado y en este tiempo se cumplió el plazo máximo establecido para que Kumiko Kosaka, imputada en la causa, permanezca privada de la libertad sin condena. Esa fue la justificación de la Justicia para autorizar el cese de la prisión preventiva.
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Organizaciones sociales y de derechos humanos junto a familiares de sobrevivientes piden que avance el segundo juicio por los abusos en el Instituto Antonio Próvolo de Mendoza, en el que una de las acusadas, la monja Kumiko Kosaka, recuperó la libertad.
El segundo juicio por los abusos cometidos en el establecimiento de Luján de Cuyo está demorado y en este tiempo se cumplió el plazo máximo establecido para que una persona permanezca privada de la libertad sin condena. Esa fue la justificación de la Justicia para autorizar el cese de la prisión preventiva que solicitó la defensa de Kosaka, que tiene siete imputaciones en su contra.
Lucas Lecour, abogado de sobrevivientes e integrante de XUMEK, aseguró que el beneficio de libertad a la religiosa no significa “que haya mejorado su situación procesal, que habían pruebas que la alejan de las imputaciones”, sino de una estrategia de la defensa “para dilatar y entorpecer el normal desarrollo del proceso” y de esa manera lograr que se venza el plazo de prisión preventiva.
“Lo único que ha pasado es que se han vencido todos los plazos legales para que una persona esté privada de la libertad sin una condena”, remarcó en diálogo con Radio Cuyum. De hecho – continuó – “cada vez son más contundentes las pruebas que hay contra Kosaka y son más los testimonios que se dan dentro del juicio donde dejan en claro que tenía un rol fundamental en los abusos que ocurrían dentro del Próvolo”.
También indicó que existe posibilidad de fuga por parte de la imputada, pero lamentó que se hayan agotado las instancias judiciales por parte de la querella. “Más medidas que estas nosotros no podíamos exigir a raíz de que el Código ya no nos da ninguna herramienta frente a esa situación”, agregó.
Por último, afirmó que el juicio debería haber terminado y que a este ritmo el proceso judicial terminaría en 10 años: “Esta vez hubo una defensa más activa, entorpecedora, con muchas dilaciones que el Tribunal ha permitido. Esto ha generado que en un año y 3 meses de juicio hayan declarado 35 personas de 265 que tienen que declarar. Si hacemos una cuenta, estamos hablando de que a este ritmo vamos a estar más de 10 años en un juicio”.