Miercoles 07 de Abril del 2021 - Nacionales

Desalojos: el Gobierno nacional lanzó un protocolo pero las organizaciones de inquilinos insisten con extender la suspensión

La Secretaría de Desarrollo Territorial publicó la resolución que crea el Protocolo Nacional de alerta temprana para desalojos. Mientras tanto, las organizaciones de inquilinxs piden que se extienda el DNU 320/20, se ponga en funcionamiento un plan de desendeudamiento y se cumpla con los artículos de la nueva ley de alquileres, entre otros.

Escuchar/Descargar la entrevista con Ariel D’oranzio, integrante del Frente Nacional de Inquilinos, en el Informativo FARCO.

El Gobierno nacional lanzó el Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales, a través de la resolución 5/2021 de la Secretaría de Desarrollo Territorial, pero las organizaciones de inquilinos e inquilinas insisten que deben suspenderse.

Según la resolución, el protocolo implica crear un registro de familias que enfrentan procesos de desalojo en instancia judicial o de mediación y firmar convenios con unidades ejecutoras de planes de vivienda en distintos puntos del país para asignar soluciones habitacionales a inquilinos e inquilinas.

El tema es que falta mucho por hacer porque esto supone por ejemplo la elaboración de un convenio con el Ministerio de Justica y Derechos Humanos y también con las diferentes provincias”, expresó Ariel D’orazio, integrante del Frente de Inquilinos Nacional, y aseguró que “la realidad es muy distinta a la que el gobierno imagina” porque “ya tenemos juicios de desalojo” en Rosario y en otras localidades de la provincia de Santa Fe .

No se termina de entender si es solamente una estadística que van a recabar a fin de elaborar alguna solución a esas familias. Eso lo que no ha quedado claro y no ha desarrollado el gobierno, de qué manera lo va a llevar en forma conjunta”, expresó en comunicación al Informativo FARCO.

Además, D’orazio reiteró que el Estado nacional “debe extender el DNU” que congela los precios de los alquileres y prohíbe los desalojos “hasta tanto empecemos a evidenciar una verdadera reactivación económica en Argentina”.

También pidió por un “plan de desendeudamiento” a inquilinos e inquilinas “que están en una situación de deuda” con “créditos a tasa 0, Ahora 12 o Ahora 24”. Y cuestionó: “Si el Gobierno financia la compra de electrodomésticos, vehículos, entre otros, como no va a financiar en este caso la deuda de las personas que están endeudadas y sobre endeudadas en algunos casos en materia locativa”.

Otro de los reclamos es que se establezca “un plan de mediación obligatoria, gratuita y nacional”. Para eso – explicó D’orazio – “necesitamos del Registro de Contratos para que aquí en adelante todos los contratos de locación a la hora de un conflicto judicial tengan una mediación previa, prejudicial pero que sea gratuita y obligatoria. Eso debe ser un plan que deben idear el Ministerio de Derechos Humanos con el de Hábitat de la República Argentina”.

Por último, exigió la reglamentación y puesta en marcha del Alquiler Social, contemplado en la nueva ley de alquileres que aprobó el Congreso Nacional el año pasado.

Sería de gran utilidad para asistir a aquellas familias que la están pasando verdaderamente muy mal porque además de la situación compleja por la pandemia, la inflación, hoy aquella persona que quiera renovar el contrato ha sufrido incrementos desde el 60 hasta el 90 por ciento del valor”, opinó.

Algo que no tiene ningún tipo de anclaje con la realidad económica que vivimos y tampoco está emparentado con la realidad de los salarios”, concluyó.

*Foto: www.diputadosbsas.com.ar

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