Martes 15 de Septiembre del 2020 - Nacionales

Debate en Senadores: varios fiscales y jueces a favor de despenalizar el consumo personal de drogas

A 30 años de la sanción de la ley de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes, la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico invitó a expertos en la materia a debatir y analizar sobre la normativa.

Este lunes la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico de la Cámara de Senadores organizó un debate con varios fiscales y jueces con motivo del 30 aniversario de la Ley 23.737, de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes.

Con el objetivo de realizar un análisis crítico de la misma se invitó a expositores expertos en la materia. Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), de la Procuración General de la Nación; Eduardo Villalba, fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de la Provincia de Salta; Liliana Navarro, presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de la Provincia de Córdoba; Flavio Ferrini, fiscal Federal de la Provincia de Corrientes; Hugo Greca, juez federal de Primera Instancia de General Roca; y Mario Juliano, director ejecutivo de la Asociación de Pensamiento Penal participaron mediante videoconferencia del debate.

Durante la reunión, varios jueces y fiscales se pronunciaron a favor de despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal.

Diego Iglesias introdujo al comienzo de su exposición que en el 2009 la Corte Suprema de la Nación dictó el fallo Arriola, “con el cual declara la inscontitucionalidad de este precepto”, afirmó. “Sin embargo, a más de 10 años del fallo Arriola, el 40% de las investigación de las causas iniciadas en el fuero federal se vinculan con ese tipo penal. Los recursos siguen orientados a la judicialización de conductas menores como la tenencia con fines de consumo”.

La corte dejó en claro la ineficacia de la persecución del consumidor como técnica de investigación para los delitos de tráfico”, resaltó Iglesias.

Este fenómeno tiene antigua data. Ya en el 2011 los índices daban igual. El 40 de las causas federales se correspondían con tenencia para consumo personal”, repasó y comentó: “Esto, encima, tiene vigencia actual. porque si vemos los números correspondientes al primer semestre del año en curso vamos a ver que el porcentaje referido a las causas seguidas por tenencia personal es del 29 por ciento. Un poquito más de 10 puntos porcentuales inferiores a la media anual”.

Liliana Navarro agradeció la posibilidad de disertar sobre el tema. “A 30 años de cumplirse la sanción de la ley me parece excelente que exista un análisis acerca de si hay aspectos que debemos revisar y que resultan importantes en esta tarea que define una la ley tan importante que regula la lucha contra el narcotráfico”, expresó.

También recordó que la primera declaración de inconstitucional de la tenencia con fines de consumo en realidad “data de la Corte del Doctor Alfonsin del año 1986 en el caso Bazterrica cuando, en realidad, se consideró que aquella tenencia con fines de consumo atentaba contra la garantía de privacidad e intimidad consagrada en el articulo 19 de la Constitución Nacional. En el fallo Arriola vuelven a repetirse los conceptos del Bazterrica”.

Navarro resaltó que “el país cuenta con leyes que obligan a las obras sociales a cubrir los tratamientos de los enfermos por adicciones a drogas”. Por otro lado, aseguró que “tenemos una ley que sigue vigente la imputación para el adicto. Lo que pasa es que allí todavía existía la concepción de que el último eslabón en el tráfico era el consumidor”, manifestó.

Creo que la sociedad toda ha entendido que el adicto es la víctima de este flagelo, que en realidad debemos dar un paso adelante y el Estado concentrar esos esfuerzos en la salud pública”.

En ese sentido, se pronunció a favor de la despenalización de la tenencia con fines de consumo considerando que “es un tratamiento que no puede seguir en manos de jueces y fiscales que declaren la inscontitucionalidad. Como ustedes están viendo a través de las estadísticas las causas se siguen criminalizando al enfermo”.

Por su parte, Flavio Ferrini aseguró: “Estoy convencido de que una política eficaz de droga debe centrarse en reducir las consecuencias nocivas de consumo, reducir riesgos, controlar daños pero todo esto en el marco de políticas sanitarias y no desde el derecho penal”.

Tambien debe haber una política general que fomente la integración social de grupos marginados y personas vulnerables. Claro está que tenemos que centrar los esfuerzos del Estado en la persecución de las grandes manifestaciones del crimen organizado que tienen que ver con contrabando de estupefacientes y el tráfico de estupefacientes”, completó.

Desde ya adhiero decididamente a la propuesta que el Estado argentino debe despenalizar la tenencia para consumo para poder orientar y dedicar sus esfuerzos a la persecución del narcotráfico, el comercio verdaderamente a escala”, resaltó durante su exposición el director ejecutivo de la Asociación Pensamiento Penal Mario Juliano.

Me parece que es un número importante de años (los que cumplió la ley de estupefacientes) para trazar un balance que, desde mi perspectiva en la econometría criminal, creo que es claramente negativo el que ha arrojado esta ley”, refirió.

Eduardo Villalba alertó sobre el problema que representa que la ley equipare a los grandes narcotraficantes con la denominadas mulas, personas que trasladas pequeñas cantidades en su estómago.

La ley de droga fue sancionada con la intención de luchar contra el narcotráfico y colocó mínimos muy altos. Parte de una pena de 4 a 15 años. Con lo cual, fíjense como, de alguna manera, es la escala penal para alguien que emprende un transporte sofisticado, un avión dentro del país, a alguien que ingiere 25 capsulas con cocaína arriesgando la vida y las lleva en su estómago. Prácticamente no hay una diferencia de la ley de drogas”.

En ese marco preguntó qué provocó esta sanción: “Que se abarroten las cárceles de las llamadas mulas, que son personas vulnerables, en los cuales el sistema penal le dedica la pena de 4 años a cumplir en nuestro país”.

Ver el debate completo de la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico a 30 años de la sanción de la ley 23.737, de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes.

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