Milagro Sala cumple siete años detenida y exigen que el presidente firme el indulto
Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos brindaron una conferencia de prensa en la sede de ATE Capital para exigir la libertad de Milagro Sala. Específicamente, las agrupaciones reclaman que el presidente Alberto Fernández firme el indulto para la referente de la Tupac Amaru.
Milagro Sala cumple siete años detenida en Jujuy por liderar un acampe que exigía respuestas al gobernador Gerardo Morales sobre el funcionamiento de las cooperativas de trabajo. El delito de “instigación a cometer ilícitos y tumultos” fue el comienzo de una acumulación de causas y condenas que mantienen a la dirigente social bajo arresto domiciliario desde el 16 de enero de 2016.
Organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos brindaron una conferencia de prensa en la sede de ATE Capital para exigir la libertad de Milagro Sala. Específicamente, las agrupaciones reclaman que el presidente Alberto Fernández firme el indulto para la referente de la Tupac Amaru.
Además, el Comité por la Libertad de Milagro Sala envió una carta al mandatario argentino para “poner en su consideración los argumentos jurídicos y políticos que habilitan la aplicación de la figura del indulto a la dirigente Milagro Sala, ex parlamentaria de la Legislatura jujeña” y reiterar “las circunstancias que definen el caso como de persecución política con propósitos de proscripción permanente”.
“Hay herramientas que la Constitución le autoriza al presidente poder disponer y ordenar la libertad de Milagro”, afirmó Luis Paz, abogado de Milagro, en diálogo con Radio Gráfica.
Por otro lado, se refirió a los motivos por los que el juicio en la causa conocida como Pibes Villeros -entre junio de 2018 y enero de 2019- estuvo rodeado de irregularidades.
“Habíamos ofrecido con el equipo de defensa 86 testigos. Solamente nos permitieron seis. La razón nunca la supimos. Una resolución del Tribunal Oral donde dice que solamente van a permitir esa cantidad de testigos”, expresó.
También contó que los medios de comunicación podían cubrir el juicio “bajo una declaración de confidencialidad”. “Tenían prohibido el ingreso a la sala de audiencia con un grabador, papel o lápiz, no se podía registrar el juicio oral y público”, añadió.
“Otra violación al proceso de Milagro fue la expulsión de Milagro de la sala de audiencias durante más de 60 días. Sufrió gran parte de su juicio oral y público sin poder defenderse de las acusaciones y sin poder defenderse o contrarrestar lo que decían los testigos de la fiscalía o la querella”, continuó.
El letrado señaló que cada uno de los “agravios” fueron “expresa y puntillosamente sostenidos en los distintos órganos de revisión de la condena de Milagro y la integración de esta Corte no tuvo la dignidad de revisar. Tuvo casi tres años paralizado el expediente”.
Por último, criticó que una vez conocida la ratificación de la condena en diciembre último, “lo primero que hizo el gobernador (Gerardo Morales) fue pedir la cárcel”. Sin embargo, explicó que existe una medida cautelar por parte de la Comisión Interamericana y otra provisional por parte de la Corte Interamericana “que le ordena al Estado argentino que Milagro debe transitar su proceso y la condena ahora en la prisión domiciliaria por razones de salud físico y psíquicas”.
Por lo tanto, “ese pedido que hace el gobernador a través del fiscal de Estado de la Provincia y de los fiscales en el Juzgado de Ejecución de Pena son pedidos que tienen una gravedad institucional supina puesto que está pidiendo a los funcionarios del Poder Judicial que violen la Constitución”, finalizó.
