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Un grupo de organizaciones de Río Negro que en su momento pidió por la inconstitucionalidad del DNU 70/2023 que deroga la Ley de Tierras, le exigió a la Corte Suprema de Justicia una intervención aclaratoria sobre el rechazo de la cautelar que se conoció esta semana.
La discusión por esa normativa quedó en el centro de la escena luego de la decisión del máximo organismo judicial del país. La Corte le quitó legitimidad al Centro de Excombatientes de Malvinas (CECIM) para intervenir en la causa.
La legisladora rionegrina Magdalena Odarda recordó que, tras la publicación del decreto en diciembre de 2023, presentó junto al CECIM una acción de amparo para pedir su inconstitucionalidad. A esa presentación se sumaron la Asociación Civil Ambientalista Árbol de Pie, comunidades indígenas, vecinos y dirigentes de ATE de distintas localidades de Río Negro.
La Justicia Federal había hecho lugar al planteo y declarado inconstitucional el capítulo del DNU que derogaba la Ley de Tierras. Esa decisión fue posteriormente ratificada por la Cámara Federal de La Plata, hasta que el Gobierno nacional llevó el caso a la Corte Suprema. La Corte le quitó legitimidad al CECIM, pero no está claro que tenga la misma interpretación sobre el rol de las otras organizaciones.
Por eso, según explicó Odarda en Radio Encuentro de Viedma, ahora las agrupaciones rionegrinas presentaron un recurso de aclaratoria ante el máximo tribunal, para que se analice también su legitimidad en la causa y poder continuar con la acción judicial.
Más allá de la vía judicial, la legisladora señaló que existe otra posibilidad para frenar la derogación de la Ley de Tierras: el Congreso.
Odarda recordó que el Senado ya rechazó el DNU 70/2023 y que ahora resta que la Cámara de Diputados trate ese rechazo. “La estrategia que se está trabajando es rechazar totalmente el decreto 70 del 2023 en la Cámara de Diputados”, explicó.
La Ley 26.737 que deroga el decreto 70/2023 había sido sancionada en 2011 y establece límites a la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. Entre otras restricciones, fija un límite del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales y establece condiciones particulares para zonas de frontera y terrenos que contienen o limitan con cuerpos de agua.
Para Odarda, la discusión no se reduce a la propiedad de la tierra, sino que también involucra el acceso al agua, los territorios indígenas, los recursos naturales y las zonas de frontera.
