En Mendoza una nueva movilización popular expresó su rechazó la minería contaminante y el proyecto San Jorge. En el día de la independencia, las asambleas vecinales de distintos puntos de la provincia se manifestaron en la capital provincial con fuertes críticas al gobernador Alfredo Cornejo.
Mendoza es una de las 12 provincias argentinas que firmaron contratos directos, sin licitación pública, con Mekorot, la empresa estatal israelí de agua señalada de controlar el suministro hídrico palestino mediante restricciones y altos precios, al punto de dejar a Gaza con un 97% del agua contaminada y cortes frecuentes.
Entre los asistentes a la movilización, estuvo el activista Lucas Aguilera, que fue secuestrado durante un mes en Libia por pedido de Israel por intentar llevar ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Esto decía en la marcha entrevistado por Radio La Mosquitera:«Ahora vienen los israelíes a darnos clase de cómo se maneja el agua. No vienen a dar clase de agua, vienen a colonizar el territorio. Vienen a quedarse con el agua y con todos nuestros recursos. Imagínate que sacaron de raíz el 70% de los olivares palestinos».
Aguilera es integrante de la agencia Nodal, fue apresado ilegalmente en condiciones inhumanas junto a su compañera Paula Giménez durante un mes a pedido de Israel, por intentar llevar ayuda humanitaria a la población palestina sometida a bombardeos.
El malestar social se intensificó tras hechos recientes que reactivaron el proyecto en Uspallata:
- Aprobación de la DIA: A fines de 2025, la Legislatura provincial ratificó la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la mina de cobre y oro de San Jorge, abriendo camino legal a un emprendimiento que llevaba quince años frenado por el rechazo popular.
- Ingreso al RIGI: A mediados de 2026, el Poder Ejecutivo nacional oficializó la incorporación del Proyecto San Jorge al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) con una proyección de inversión cercana a los 891 millones de dólares.
Mientras el gobierno mendocino defiende la necesidad de ampliar su matriz económica debido al declive de sectores tradicionales como el petróleo y la vitivinicultura, la falta de apoyo social e importantes críticas por irregularidades técnicas sostienen la resistencia comunitaria en las calles y los estrados judiciales
