La justicia federal declaró que los fusilamientos de la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu fueron delitos de lesa humanidad. Fue en el Juicio por la Verdad que finalizó el pasado lunes, a 70 años de los crímenes cometidos en junio de 1956.
La jueza federal Alicia Vence, sentenció que el estado fue responsable del secuestro y del fusilamiento de 12 personas en los basurales de localidad bonaerense José León Suárez, de las cuales 7 sobrevivieron. En su fallo, la jueza dejó en claro que la pena que les hubiera correspondido a Aramburu, al represor Isaac Rojas y al resto de los responsables era la prisión perpetua.
«Declarar que Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Francisco Rojas, Juan Constantino Quaranta, Desiderio Fernández Suárez, Rodolfo Rodríguez Moreno y el personal a su cargo resultan penalmente responsables de los hechos que di aquí por probados en el punto 1 y calificados en el punto 2 y establecer que la pena que les hubiera correspondido es la prisión perpetua», recitó el fallo.
Los fusilados de José León Suárez eran militantes que luchaban por la vuelta del ex presidente Juan Domingo Perón que un año antes había sido derrocado mediante un golpe de estado. La jueza Alicia Vence recomendó que los hechos se incluyan en la currícula de las escuelas y que se construya un espacio de memoria en el lugar.
«Ordenar a la Municipalidad de General San Martín y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a articular, diseñar y ejecutar de manera conjunta la creación e instalación de un sitio de la memoria en el predio correspondiente a los históricos basurales de José León Suárez, destinado a preservar la memoria histórica, la dignificación de las víctimas y la difusión de los hechos juzgados y probados en este debate», aseveró.
El juicio realizado durante 3 días en el Auditorio Hugo del Carril de San Martín fue impulsado por la Comisión por la Memoria Verdad y Justicia de San Martín y tenía por objetivo establecer la verdad histórica de los hechos ya que todos los responsables fallecieron. Algo similar a los juicios por la verdad que se realizaron en el país antes de la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que buscaban garantizar la impunidad a los criminales de la última dictadura.
