Escuchá/Descargá el reporte de Pilar Cortez desde Radio Comunitaria Cuyum de Godoy Cruz Mendoza.
El gobierno nacional pretende modificar la ley que impide hacer desalojos en barrios populares y los movimientos sociales advierte sobre la gravedad de la propuesta.
La Ley 27.453, sancionada en 2018 y prorrogada en 2022, prohíbe los desalojos en barrios populares inscriptos en el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) en Argentina. Esta normativa suspende los desalojos por 10 años, protegiendo a las familias en terrenos censados y declarando la utilidad pública de dichas tierras.
Los barrios populares del país vienen sufriendo sistemáticos ataques desde el gobierno nacional. La disolución del Fondo de Integración Sociourbano y el desarmado del programa ReNaBaP -que reune información sobre los 6.467 barrios populares para garantizar el acceso a derechos y las políticas de integración socio urbana-, son algunas de las cosas que han venido desgregando la financiación y conquista de derechos de estos barrios.
Karina Ruiz, integrante de la Mesa de Barrios Populares de Mendoza, dijo en la convocatoria que se realizó en Plaza Pellegrini: «Nosotros corremos riesgos en que nos puedan desalojar en el momento en que se apruebe este artículo. Tendremos que volver a organizarnos como estábamos hace un tiempo, a organizarnos para seguir haciendo nuestras viviendas. Porque esta ley se aprobó en el 2018 con el acompañamiento de diferentes partidos políticos».
Haciendo referencia al artículo 15 de la Ley que recita: «Suspéndense por el plazo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el RENABAP, tanto los sujetos a expropiación, como aquellos de propiedad del Estado nacional. La aplicación del presente artículo es de orden público».
Ruiz contó: «Fue en la época de Macri y también con la Iglesia Católica, que estuvo ahí presente y se aprobó esta ley, la 27453, en los barrios populares. Ahora, hacen como que la desconocen. Entonces, lo que hicimos hoy, por ejemplo, es concentrarnos en la Plaza Pellegrini, entregar una nota firmada por vecinas y vecinos de los barrios populares y de la mesa provincial, para entregarla en cada partido político».
La caminata terminó en el Arzobispado de Mendoza, donde los movimientos sociales pidieron una audiencia con el arzobispo. Allí Karina enfatizó: «Han hecho tan bien el trabajo, que se han encargado desde el gobierno nacional, y también provincial, de que tengamos hasta tres o cuatro trabajos, que no podamos participar como lo hacíamos antes, también nos amenazan con nuestros hijos. Pero a todo esto le decimos que no tenemos miedo, porque la vivienda es un derecho».
