Esta semana la legislatura dio media sanción en diputados a la declaración del impacto ambiental del proyecto Minero San Jorge.
Esta decisión, que tiene que ratificar el Senado Provincial, habilita por primera vez la explotación metalífera en Mendoza. Esta decisión abre la puerta a la megaminería y sus consecuencias.
El proyecto se emplaza en Uspallata, en las nacientes del río Mendoza, cuya cuenca atraviesa gran parte del norte provincial, cruzando siete departamentos, en los cuales consumen agua más de un millón y medio de personas.
El proyecto San Jorge ya fue rechazado en 2011 pero ahora obtuvo media sanción una versión similar.
Sergio Muñoz, vecino histórico de Uspallata, explicó que el gobernador Cornejo y sus aliados no caminan las calles: “Ellos no van a Uspallata, no nos preguntan qué es lo que quieren los uspallatinos”.
Voces científicas, académicas, sociales y comunitarias se expresaron en contra del proyecto San Jorge porque no cumple prácticamente con ningún estándar de protección ambiental y es un pasaporte directo a la contaminación y escasez del agua.
Además advirtieron que se pretende usar grandes cantidades de agua que serán robados al consumo humano y a la producción agropecuaria.
La referente del Frente de Izquierda, Micaela Blanco Minoli, destacó que se usan argumentos falsos para defender la megaminería pero “todo lo que tiene que ver con los profesionales que han estudiado sobre el proyecto, el CONICET, la Universidad Nacional de Cuyo con la Facultad de Medicina, han planteado que este proyecto tiene muchísimas inconsistencias en relación al impacto ambiental que puede generar”.
Verónica Pascual, referente del feminismo campesino, relata desde Lavalle, en los confines de la cuenca, la importancia que tiene el agua para las familias rurales: “Sabemos lo que es no tener agua ni siquiera para tomar, este año en algunas zonas hay agua potable siempre a cuenta gota, como si fuera un lujo poder realizar las tareas de cuidado básico”.
Además agregó que en algunas zonas de Lavalle el problema se agrava: “las lagunas están secas, porque ya se quedaron con el agua para los viñateros”.
“Si se aprueba un proyecto que va a seguir beneficiando a las grandes corporaciones y para favorecer a una matriz productiva que no tiene que ver con la vida, va a ser cada vez peor” finalizó Veronica Pascual.
El futuro del agua está en manos del Senado Provincial. Las organizaciones socioambientales y otros sectores políticos adelantaron que judicializarán la norma por considerarla inconstitucional.
