El Senado rechazó el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad y el gobierno está obligado a aplicarla. Fue por 63 votos a favor del rechazo y 7 en contra, en una sesión en la que se repitieron las críticas al gobierno por las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. Mientras tanto, afuera, personas con discapacidad, familiares y prestadores celebraron el rechazo al veto.
La senadora Cristina López de Unidad Ciudadana de Tierra del Fuego, rechazó el veto y aseveró: «Cuando nos pregunten de dónde sale la plata para hacer cumplir esta Ley, responderemos que de la coima y de los negociados».
Por su parte, Guadalupe Tagliaferri del Pro de la Ciudad de Buenos Aires, quien también votó en contra de vetar la Ley, dijo: «Hoy votamos si este Congreso se pone del lado de la discapacidad o del lado de los coimeros, del lado de los derechos humanos o del lado de los chorros».
La ley que recobra su vigencia con este rechazo del Senado al veto de Milei declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre del año que viene. Permite garantizar la continuidad de las prestaciones ya que los aranceles aumentarán según la inflación acumulada desde 2023 y tendrán actualizaciones mensuales. Además se frena la quita arbitraria de pensiones aunque el gobierno podrá seguir haciendo auditorías.
El Senado también dio media sanción a un proyecto que pone límites a los decretos de necesidad y urgencia del presidente. Si Diputados también lo aprueba y se convierte en ley esos decretos deberán ser avalados por las dos cámaras para tener validez. Si sólo una lo rechaza quedará derogado y lo mismo pasará si no se tratan en el Congreso en un plazo de 90 días. En la actualidad los decretos de necesidad y urgencia deben ser rechazados por las dos cámaras para quedar derogados.
