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Se realizó en Mendoza la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, una movilización que hace ocho años viene denunciando la violencia institucional y exige justicia por las víctimas de la represión estatal. La marcha estuvo encabezada por familiares de jóvenes asesinados por la policía, quienes volvieron a señalar la impunidad con la que se mueven las fuerzas de seguridad y la complicidad del Poder Judicial.
Antonia Zarate, mamá de Ricardo Bazán, dijo que «la justicia es lenta porque ya hace cinco años que falleció mi hijo. El estado quedó en ayudarme y lo que menos veo es eso, ayuda del estado.» Ricardo tenía 29 años cuando fue asesinado de un tiro a la altura de la cintura en la playa de secuestro de vehículos San Agustín. Fue condenado a cadena perpetua por homicidio el auxiliar policial José Méndez, de 27 años.
Por su parte, Yesica Garay, Mamá de Brisa Quiroga, de 16 años contó: “Falleció en un supuesto accidente en el barrio Integración de Las Heras. Los vecinos nos comentan de que hubo un móvil policial involucrado que se escucharon dos tiros, que a ella la movieron de lugar».
La jornada finalizó con la lectura del documento, elaborado por todas las organizaciones convocantes, reafirmando el reclamo de memoria, verdad y justicia para las víctimas de la violencia institucional: “Ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una Bala más. El estado es responsable. Consigna que visibiliza la política represiva, punitiva y de control social que recae sobre las barriadas populares. Una política que se expresa en más de 250 muertas en democracia en nuestra provincia. Decir no a la baja de punibilidad, basta de mano dura».
