Representantes de organizaciones de defensa de consumidores expusieron en la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados para exigir el rechazo del Decreto de Necesidad y Urgencia firmado por el presidente Javier Milei, que modifica el marco regulatorio del servicio de agua potable y habilita a la empresa estatal AySA a cortar el suministro a quienes tengan una factura impaga por más de 60 días.
“Este decreto está vigente hoy y permite cortar el suministro de agua a un usuario residencial por la mora de una sola factura. También elimina la obligación de garantizar un caudal mínimo de agua y de realizar obras de expansión”, alertó Pedro Bussetti, de la asociación DEUCO (Defensa de Usuarios y Consumidores). “Las asociaciones estamos muy preocupadas. Esto vulnera derechos básicos y debería ser debatido en el Congreso”, reclamó.
Osvaldo Bassano, de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), fue aún más categórico: “Cortar el agua viola derechos humanos, lo dice el artículo 75 inciso 22 de la Constitución y la propia Corte Suprema. También afecta a los sistemas sanitarios y pone en riesgo la salud pública. A cualquier funcionario o empresa que ejecute estos cortes, los vamos a denunciar penalmente. No vamos a permitir que la gente viva arriba de la mierda”.
Las organizaciones recordaron que forman parte de la sindicatura de usuarios creada por la Ley 26.221 y reiteraron que el acceso al agua potable es un derecho humano que el Estado debe garantizar, más allá de la situación económica de las familias.
