Escuchar/descargar De ida y vuelta, debates del campo popular
De manera cíclica resurge en el Congreso y en determinados sectores políticos, agitada además por los medios del establishment, la “idea” para solucionar la “inseguridad”: bajar la edad de punibilidad. No es este 2023 una excepción: ¿los pibes y las pibas son víctimas de un Estado que les convierte en chivos expiatorios, o son supuestos verdugos dedicados al delito?
El abogado Ismael Jalil, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), avisa: “los proyectos para bajar la edad de punibilidad buscan la forma de transformar a los chicos en mayores víctimas del accionar del Estado”.
En la otra vereda se para la jueza de Menores de Jujuy Pilar Medina: “la sociedad está asustada, temerosa, ante chicos cada vez más chicos cometiendo delitos porque saben que no se le va a establecer ningún hecho de responsabilidad”.
Esas dos voces le dieron cuerpo a la discusión en un nuevo episodio de “De Ida y Vuelta, debates del campo popular”, la producción sonora del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) que se difunde en las emisoras de la red.
En el Congreso de la Nación hay dos nuevas iniciativas para bajar la edad de punibilidad. Una busca llevarla a los 15 años, la otra a los 14. Los planteos tienen como autores principales a los diputados bonaerenses del PRO Diego Santilli y Cristian Ritondo.
Varios interrogantes rondan en torno a esa ofensiva: ¿qué muestra esa discusión y qué mete bajo la alfombra? ¿Qué interés defienden los sectores que agitan ese planteo? ¿Ese es el verdadero debate de fondo? ¿Se inventan las estadísticas del delito juvenil? ¿Puede la baja de imputabilidad darle soluciones a la problemática de la llamada “inseguridad”? ¿Por qué al Estado ausente desde lo social se le pide tanta presencia desde lo penal?
La Corte Suprema de la Nación dice que casi el 30% de los delitos contra la propiedad, la integridad sexual y las personas son cometidos por menores de 16 años. Otros datos ponen en entredicho esas cifras: 4.400 adolescentes cumplen medidas penales, de las cuales solo el 2,7% tiene menos de 16 años.
“La sociedad está asustada”
Pilar Medina es jueza de Menores en Jujuy, hace más de 20 años que es magistrada. Su madre fue diputada nacional. Y propagandiza la baja de la edad de punibilidad, aún a contramano de las recomendaciones internacionales: “Debo ser de las pocas que sostienen la idea de bajar la edad de imputabilidad, porque basados en convenios internacionales, medidas de UNESCO y UNICEF se considera que no se debe dar esa baja. Pero tiene que servir para fomentar la responsabilidad de los actos que una persona realiza, aún cuando se trata de adolescentes, niños y niñas. Es importante saber que un acto trae consecuencias y esto traería un mejor ciudadano a lo largo del tiempo”.
Pide de todos modos “políticas públicas y medidas de abordaje para que este adolescente pueda lo más pronto posible reinsertarse en la sociedad”.
Apunta: “Yo considero que la baja ideal sería a los 15 años. Un 5% de los homicidios cometidos en Argentina han sido cometidos por chicos de 15 años que son inimputables. Muchos critican esto, pero no miran a la sociedad asustada, temerosa, ante chicos cada vez más chicos cometiendo delitos porque saben que no se le va a establecer ningún hecho de responsabilidad”.
–¿Entonces el planteo es una mirada desde quienes han sido víctimas de delitos y no desde los derechos de la niñez?
-No, no, no. La mirada que damos es por el mismo niño. En nuestra sociedad si hubiese más políticas públicas antes de que el menor cometa el delito, habría menos interés en bajar la edad de imputabilidad. Hay muchos chicos en la calle, sin contención familiar, que ya a los 15 años o antes están con el tema de las adicciones. Las políticas públicas no han resuelto esa situación. Hay un abandono por parte del Estado, hay adolescentes a los que no vemos o no queremos ver. Hasta que no nos toca. Pero cuando un familiar sufre un hecho ilícito cometido por un menor, cambiamos las posturas y las decisiones.
-¿Cree que hay una preparación para tratar el tema?
-Es un tema escabroso y se sabe que no se pueden aplicar estas medidas sin un presupuesto importante. Hay que abrir las cabezas para darnos cuentas de la realidad.
-Pero usted misma mencionaba que las recomendaciones internacionales van a contramano…
-Yo respeto, hay que respetar, lo entendemos. Pero sabemos que hay niños, niñas y adolescentes a quienes se les vulneran derechos y eso hace que terminen siendo delincuentes.
-¿Por qué si la realidad es que ese Estado está tan ausente desde lo social el reclamo que se escucha, y que también se mediatiza, es que se haga tan presente, pero desde lo punitivo y lo penal?
-Cada vez que hablamos de bajar la edad de imputabilidad es por algún hecho público, porque la misma sociedad exige cambios, siente que no hay medidas del Estado y que nada se hace ante situaciones determinadas. No pasaría si hubiera políticas… en el tema de Salud Mental, por ejemplo, modificaron situaciones, no necesitábamos judicializar todo para que un chico recibiera un tratamiento. Porque estamos hablando de enfermos.
-¿Usted está en contra de la Ley de Salud Mental que establece nuevos derechos?
-…Y obligaciones. Sobre algunos puntos de esa ley estoy en contra. Es mucho más fácil hablar, presentar proyectos, hacerse eso de alguna situación si no se conoce la realidad, pero existen menores que se prostituyen por drogas. Hay chicos de 8 años que se drogan. Invito a conocer determinados barrios, caminar de noche y conocer la realidad. Después sí se puede hablar de las hermosas leyes que muchas veces nacen abortadas, o de lo hermoso que son las convenciones de los derechos de los niños y adolescentes. Muchas veces porque la sociedad no tiene el gobierno que se merece.
“Los pibes como chivo expiatorio”
–¿Cuál es su posición frente a las nuevas propuestas para bajar la edad de punibilidad? –le preguntaron en “De Ida y Vuelta” al abogado Ismael Jalil, referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
-No sorprende que el tema siempre resurja en años electorales, para ver de qué forma transforman a los chicos en mayores víctimas del accionar del Estado. Me corro de lo coyuntural, que por cierto es grave porque hay proyectos que quieren bajar esa edad a los 14 con el falso dato de que el promedio en la región es de 13 años. Esto se utiliza como plataforma electoral que puede “pagar” en término de votos. Hubo un abandono de posiciones de avanzada por cierto espectro de la política argentina.
Jalil insiste en que “es mucho más fácil para cualquier cosa ubicar un culpable, en este caso los chicos, que son usados como chivo expiatorio de una situación que expresa supremacía moral por parte de quienes hacen esos proyectos. Los medios hegemónicos son colaboradores centrales de estas políticas, cuando instalan que no se puede vivir más o que a ‘los pendejos hay que encerrarlos o matarlos’. Imponen ese discurso tantas veces, que lo recoge la política y finalmente la sociedad civil toma como propio”.
Alude a una grieta en el pensamiento sobre el tema: “Pasamos al Régimen Penal Juvenil que produjo un primer quiebre entre quienes nos oponemos a bajar la edad de punibilidad. Hubo sectores progresistas que consideraron necesario impulsarlo diciendo que lo que hay que darles a los chicos es mayores garantías. Canjearon la punibilidad, o pasaron el tema a un segundo puesto. Nosotros nos oponemos terminantemente a que el Estado avance cada vez más sobre la vida de nuestros pibes. Bajar la edad de punibilidad es atacar las consecuencias y no las causas”.
Además, el referente de la CORREPI desmiente absolutamente las estadísticas que difundió la jueza Medina: “Han instalado una mentira en cuanto a la incidencia de los pibes en delitos importantes. De ninguna manera hay un 5% de homicidios que cometan los chicos. Hay que ser serios y abordar los temas sin intencionalidad. Se tiran números truchos para instalar algo, basándose en esto de que “la verdad no les arruine un buen relato”. Por eso ocultan, o mienten, o tergiversan. La realidad no tiene nada que ver”.
Jalil sintetiza: “La verdadera respuesta debería ser resolver la desigualdad pero prefieren la avanzada punitiva y la violencia física directa, que es la forma en que el Estado responde. Están desatando políticas bajo la mirada de que hay un excedente poblacional, ‘población que sobra’, no que hay concentración de la riqueza y desigualdad que genera vidas en condiciones infrahumanas”.
–Al margen de los sectores del poder interesados en esa mirada, ¿cómo le explicaríamos la situación a una persona común que repite que bajar la edad de imputabilidad es una solución?
– Preguntale a la gente si se acuerda del Caso Blumberg, y qué pasó después. Hubo reformas al Código Penal, aumentaron las penas, eso hacen todos los proyectos. ¿Hay ahora una sensación de mayor o menor inseguridad? Porque el avance punitivo no resuelve las cuestiones. Es mucho más fácil buscar la culpa, la pena. La gente lo termina justificando, pero si se dijera que es una situación derivada de una situación económica.
