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Luego de la represión, cinco manifestantes continúan bajo prisión domiciliaria

El viernes por la mañana, la policía de San Juan reprimió dos manifestaciones que se juntaron en el centro cívico: La de estudiantes y docentes se manifestaron contra el ajuste a la educación pública, por despidos y el cierre de cursos terciarios, y otra en reclamo de viviendas. La policía avanzó sobre los manifestantes, los golpeó y se llevó detenidos a varios de ellos.

El mismo día por la tarde liberaron Leizza Benítez y Mercedes Maturano, y por la medianoche a los tres que quedaban: Jeremías Zalazar, Mauricio Robledo y Sergio Campos.

Mercedes Maturano, militante del MST, fue liberada pero con prisión domiciliaria hasta que el juez la notifique. A la salida de la Comisaría 4ta, contó que todo se desancadenó cuando uno de sus compañero empezó a filmar cómo avanzaba la policía contra las personas que reclamaban por viviendas.

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Leizza Benítez, militante del MST y estudiante de la UNSJ, también fue liberada con prisión domiciliaria, expresó: «Estamos sorprendidos por lo que pasó, no esperábamos terminar una movilización en defensa de la educación pública de esta manera«. La mujer, que además está embarazada, alentó a «salir a luchar y defender la educación pública del gobierno nacional y los gobiernos provinciales que atacan lo público y defiende los privado».

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Por su parte, Renzo Quero, abogado de los militantes detenidos, dio un panorama sobre los delitos que se le imputan a los detenidos. “El delito más grave que se le está imponiendo es extorsión. La policía entiende que ciertas personas extorsionando diciendo que no se iban a retirar del corte hasta que no les entregaran una vivienda. Entendemos que no es así porque los chicos iban a reclamar otro tipo de derechos, que no eran viviendas”.

Además, Quero comentó: “La declaración de los chicos y de testigos es que en momento de la represión se encontraban en la vereda por irse a sus casas y en ese momento la policía reprimió”.

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Mary Garrido, dirigente del MST, se refirió a la reunión que tuvo lugar entre el ministro de Gobierno, Emilio Baistrochi, y organizaciones sociales y políticas por este tema. En la misma el funcionario se comprometió a interceder para cambiar las acusaciones.

Según Garrido, tuvieron una extensa discusión, en la que sostuvieron firmemente que manifestarse no representa ningún delito.

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