En Santiago del Estero, organizaciones campesinas e indígenas se reúnen mañana para pedir la plena aplicación de la ley de reparación histórica para el sector y la asignación definitiva del presupuesto.
Así lo contó el comunicador popular del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Roger Almaráz, a Informativo FARCO. «estamos preparando una jornada de debate para mañana. La asamblea campesina indígena que se va a aunar bajo la consiga ´de la letra escrita a los derechos ejercidos´ para discutir sobre los presupuestos que se vienen trabando sobre la ley de agricultura familiar, que ha sido aprobada el año pasado como la ley de la reparación histórica con el sector. Nos convocamos MOCASE, MOCASE Vía Campesina y la Mesa Provincial de Tierras para ver en conjunto estrategias, acuerdos y cómo seguimos presionando para lograr que realmente se le otorgue a esa ley el presupuesto de los de $150 millones anuales».
[reproductoraudio mp3=https://ia801500.us.archive.org/25/items/ASAMBLEACAMPESINAEINDIGENARogerAlmaraz01/ASAMBLEA%20CAMPESINA%20E%20INDIGENA%20-%20Roger%20Almar%C3%A1z%2001.mp3 ogg=https://ia801500.us.archive.org/25/items/ASAMBLEACAMPESINAEINDIGENARogerAlmaraz01/ASAMBLEA%20CAMPESINA%20E%20INDIGENA%20-%20Roger%20Almar%C3%A1z%2001.ogg]Además del pedido de aprobación del presupuesto anual, los productores trabajarán para pedir la creacion de los juzgados en derechos reales y ambiental, basados en una ley que fue aprobada en 2012, pero que aún no se está aplicando.
Luego de esta asamblea se realizarán documentos que serán presentados en futuros debates a nivel nacional, con otras organizaciones vinculadas a la misma lucha.
El encuentro será el martes 2 de 9 a 15 hs en casa diocesana, ubicada en Independencia 267 de Santiago del Estero.
La ley de reparación histórica de la agricultura familiar fue sancionada el 17 de diciembre del año pasado y contempla la creación del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Públicas para la Agricultura Familiar.
Además, esta ley declara a la agricultura familiar, campesina e indígena, como una actividad de interés público que el estado debe fomentar mediante medidas concretas para lograr su desarrollo y que esos productores puedan seguir viviendo en el campo.
También la ley suspende por tres años los desalojos de agricultores familiares y crea un banco de tierras para destinar a la producción agrícola familiar.
