Viernes 01 de Junio del 2018 - Juárez Celman

Violento e ilegal desalojo en Parque Esperanza deja en la calle a 120 familias cordobesas

En las primeras horas de este viernes 1 de junio, fuerzas de seguridad pertenecientes a la Policía de la provincia e Infantería irrumpieron violentamente en el barrio comunitario Parque Esperanza y desalojaron a 120 familias que viven allí desde hace cuatro años. Hay doce detenidos y algunos heridos tras el violento desalojo.

Desde las primeras horas de este viernes, una de las jornadas más frías del año, 120 familias, la mayoría mujeres, con hijas e hijos y mujeres embarazadas, resisten el desalojo en el barrio comunitario Parque Esperanza, de la localidad Estación Juárez Celman, ubicada a 20 kilómetros de la ciudad de Córdoba, sobre ruta nacional 9 norte.

El operativo comenzó a partir del engaño sufrido por algunos de los vecinos, a quienes se los hizo salir de las viviendas junto a sus familias para un supuesto relevamiento. De esta manera y con una fuerte presencia policial armada de escudos y palos que impidió la salida y entrada de los habitantes del barrio, voltearon con topadoras las precarias viviendas y las quemaron. El abogado Joaquín Gonzalez de la Cooperativa 12 de Junio, organización que agrupa a la comunidad del barrio Parque Esperanza, no había sido notificado del operativo, y a media mañana se hizo presente en el barrio escoltado por los vecinos para poder ingresar debido al cerco policial.

Sin agua y sin luz, la gente de Parque Esperanza había resistido 14 órdenes de desalojo, siendo la última ordenada para el miércoles y postergada para hoy, debido a que los policías manifestaron que no podían llevar a cabo “el procedimiento” por estar abocados al paso de la Marcha Federal en la ciudad de Córdoba.

En el lugar, a partir de la media mañana, se hicieron presentes organizaciones sociales, políticas y agrupaciones de derechos humanos, junto a algunos legisladores y legisladoras que repudiaron el hecho y buscaban velar por la integridad las familias desalojadas y el resguardo de sus derechos.

A las 18 horas policía e infantería efectuaron una nueva y violenta represión que no fue notificada legalmente. Gabriela Estévez, diputada nacional por el Frente Córdoba Ciudadana, quien también fuera violentada por los efectivos policiales, declaró: “Estábamos esperando que nos trajeran la llave de la iglesia para trasladar a la gente y para armarles para dormir y comer esta noche, estábamos sacando los colchones y las cosas que se podían, y llevarlos a algún lugar para que estén resguardados para que no pierdan todo. Les estábamos dando la merienda a los chicos y a las seis de la tarde la policía empezó a avanzar sobre nosotros. Yo traté de pararlos, me tiraron gas pimienta, nos tiraban patadas por abajo, les pedimos por favor que pararan”.

Estévez agregó que “a una de las compañeras de la Mesa de Derechos Humanos la agarraron de los pelos y se la llevaron. (…) Yo me subí a una reja para pedirles por favor que los dejaran y me bajaron pegándome.” “Nos empezaron a correr, nosotros demostramos nuestra buena voluntad de irnos (…) Al padre Oberlin le dieron la llave de la iglesia y pudieron abrir para que esta noche duerman las familias ahí. Toda la gente que había ido a ayudar, se tuvo que ir porque nos fueron corriendo y pegando”, continuó relatando la diputada.

Diana Quinteros, integrante de la Mesa de Trabajo por los DDHH de Córdoba, desde la comisaría de Colonia Caroya, y mientras esperan la liberación de Julia Domínguez (integrante de ese organismo), relató la violenta represión de esta tarde: “Había muchísimos niños, en ese momento habíamos hecho una chocolatada. Pensamos que nos iban a dejar levantar las cosas, hicimos un cordón de mujeres y empezaron a avanzar empujando. Cuando llegamos a la calle pública siguieron reprimiendo, y se llevaron a la compañera Julia Domíguez y Agustín Loaiza, a quién golpearon en la cabeza”.

Sin embargo, no terminó todo ahí, Quinteros contó que “nos corrieron seis cuadras hasta la ruta 9, donde nos dispersaron. La gravedad de esto, es que el camarista ordenó solamente el desalojo del predio, pero nos corrieron por las calles del barrio de una manera violenta y feroz”.

“En un día de hoy, con tanto frío, cuando nosotros les pedimos que nos dejen cargar las pertenencias en autos particulares para llevarlos a locales partidarios y de organizaciones sociales para que esa gente pueda dormir bajo techo, no nos dejaron. La gente corría con sus mantas y colchones. No sabemos donde están. Esa gente está a la intemperie. No sabemos más nada”, continuó.

“Exigimos que la SENAF y el gobierno de la provincia de Córdoba respondan por esas niñas y niños que estaban en la calle, sin abrigo”, expresó la militante.

En el intenso clima de violencia sufrido por los residentes del barrio comunitario, una de las imágenes más impactantes que circularon a través de las redes sociales es la del vecino de Parque Esperanza, Carlos Ávalos, quien ante la desesperación, se había rociado con combustible bajo la amenaza de inmolarse si no se llegaba a un acuerdo.

Los vecinos y vecinas del barrio Parque Esperanza manifestaron en un comunicado su situación legal respecto a la ocupación del predio: “Tenemos los relevamientos públicos del propio Ministerio de Desarrollo Social la Provincia realizado en Abril, además cada familia cuenta con su certificado de vivienda familiar emitido por el Registro Nacional de Barrios Populares (dependiente del Estado Nacional) y fichas censales (con la trayectoria habitacional que prueba que las familias no tienen ningún lugar a dónde ir) de todos sus afiliados con lotes y manzanas realizado por la propia Cooperativa 12 de Junio de Parque Esperanza”.

Vecinos señalan a la intendenta de Estación Juárez Celman, Myrian Prunotto, y al gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti, como partícipes responsables del desalojo, en pos de buscar favorecer un megaproyecto inmobiliario de la empresa desarrollista URBANOR, en las tierras que habitan estas familias.

Ni el Ejecutivo Municipal ni el Provincial han brindado una respuesta habitacional para las 120 familias que viven en el Barrio Parque Esperanza. Los vecinos también desmintieron que el Ministerio Social de la Provincia se haya hecho presente.

Hasta el momento, son 12 las personas detenidas y ubicadas en calidad de “depósito” en las comisarías de Jesús María, Juárez Celman y Colonia Caroya tras el desalojo y la represión.

 

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