Jueves 18 de Abril del 2019 - Buenos Aires

Un relevamiento advierte sobre la vulneración del derecho a la salud en las cárceles bonaerenses

La Comisión Provincial por la Memoria realizó un relevamiento en el marco del Registro Nacional de Casos de Tortura, en el que detalla la vulneración de derechos de las personas privadas de su libertad en la Provincia de Buenos Aires.

Escuchar/Descargar el reporte de Inés Tonarelli, desde FM Resistencia

En diálogo con FM Resistencia, Roberto Cipriano, secretario general de la Comisión Provincial por la Memoria, expresó: “Uno de los datos que hemos relevado son las situaciones de salud no asistidas, es decir, la deficiente o nula atención de salud, que no sólo provoca el deterioro de la salud de las personas detenidas, sino que también es la principal causa de fallecimientos en las cárceles provinciales. La gente se muere de tuberculosis, VIH, neumonía, todas enfermedades que hoy son tratables y curables”.

Además el especialista denunció que “no se generan los dispositivos necesarios para que se produzca el mandato legal de la rehabilitación o resocialización de las personas. Las cárceles hoy son depósitos de personas pobres, excluidas, marginales que van a parar a esos lugares”.

Además de señalar que no se garantiza la atención en salud a las personas detenidas, dijo que también la tortura es una práctica sistemática en los lugares de encierro. Las personas privadas de su libertad “padecen distintas violencias por parte de la autoridad penitenciaria, que debe cuidarlos, garantizar su seguridad y que por el contrario no lo hace y genera violaciones a los derechos humanos” explicó Cipriano.

Dijo ademas que el Estado “es un incumplidor serial de las resoluciones judiciales”: “En la provincia de Buenos Aires, hay cerca de 3.500 personas alojadas en mil camastros en comisarías, cuando está prohibido alojar personas en comisarías, que están clausuradas por orden judicial. Hoy tenemos 107 comisarías con ordenes judiciales de clausura y de prohibición de alojamiento de personas, que alojan personas. Es decir, todos los días el Estado provincial incumple por lo menos con 107 órdenes judiciales que lo mandan a cerrar lugares y no alojar personas y lo sigue haciendo, en condiciones gravísimas, sin ningún tipo de atención a sus problemas de salud, sin ningún tipo de brindarle medicamentos, atención especializada, etcétera”.

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