Un nuevo caso de trata de personas que quedó en la impunidad
Los acusados por integrar una banda dedicada a ese delito quedaron absueltos porque el Tribunal Oral Federal dijo que se perdieron las escuchas telefónicas, que eran la prueba más importante.
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Los jueces del Tribunal Oral Federal de Santa Rosa decidieron anular la causa donde se investigaba el delito de trata de personas en el local «La Chicho Show», en Macachín, y absolvieron a todos los acusados. Entre ellos, el intendente local Jorge Cabak, que al día siguiente de la decisión judicial anunció que irá por la reelección.
La investigación estuvo llena de sospechas desde su propio inicio. Cuando la Justicia Federal decidió allanar el lugar, el local estaba llamativamente vacío. Habían pasado en ese momento, a mediados de 2011, más de 48 horas entre el pedido de la entonces fiscala Marta Odasso y la resolución del juez Pedro Zabala.
Cuando comenzó el juicio, semanas atrás, se conoció otra situación extraña: se habían perdido los casetes con las escuchas telefónicas en las que se basaba toda la pericia. Con ese argumento, las defensas pidieron la nulidad de todo lo actuado y los magistrados finalmente les dieron la razón. Con el mismo argumento, consideraron nulo el pedido de allanamiento al local.
El intendente Cabak era acusado de ser partícipe necesario del delito de trata de personas y de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Una acusación idéntica recaía sobre el ex comisario Hugo Iglesias, quien estaba a cargo de la comisaría local. Los otros acusados eran Luis Daniel Deluca y el exconcejal Esmundo “Dito” Blas, los supuestos dueños del lugar, y los colaboradores Oscar Moya, Leandro Otero y Maximiliano Deluca. Todos fueron declarados inocentes.
Los jueces Pablo Díaz Lacava, José Triputti y Marcos Aguerrido dieron a conocer la sentencia. El fiscal Leonel Gómez Barbella había pedido 7 años de prisión para Luis Deluca y «Dito» Blas -exconcejal del PJ-; 6 años para Cabak e Iglesias; y 5 años para Moya, Otero y Maximiliano Deluca.
En diálogo con Radio Kermés, la comunicadora y docente Mónica Molina, integrante de la Red Par, manifestó su indignación por la protección política, judicial y mediática de los involucrados: «Claramente no hay otra forma de comprender esto que no sea el nivel de protección que han tenido desde el poder político. Hay una maniobra para que se permitiera que esta causa cayera».
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