Miercoles 27 de Septiembre del 2017 - Santa Fe

Tres genocidas condenados pidieron no estar con los presos comunes

Los  condenados por delitos de lesa humanidad, reclamaron por las condiciones de detención y solicitaron volver a la cárcel de Las Flores donde compartían un espacio exclusivo.

Escuchar/Descargar el reporte de FM Chalet, desde Santa Fe

Tres detenidos por delitos de lesa humanidad que el Servicio Penitenciario de la provincia de Santa Fe trasladó a principios de septiembre a la cárcel de Coronda piden volver al penal de Las Flores, donde compartían un espacio exclusivo. Se trata del ex juez Víctor Brusa y los ex policías Eduardo “Curro” Ramos y Juan Antonio Mulasano, quiénes presentaron un habeas corpus colectivo en el que señalan un “agravamiento de las condiciones de detención” y piden estar lejos de los presos comunes.

En dialogo con FM Chalet, el periodista Héctor Galeano, quién sigue este caso, dijo que “esto describe la presencia permanente del odio a pesar de que han pasado muchos años y han perdido mucho poder.”

Galeano se refirió al pedido que hicieron los tres represores santafecinos: “Los actores principales de la represión ilegal en la ultima dictadura fueron trasladados a mediados de septiembre a la cárcel de Coronda, antes estaban detenidos en Las Flores, por una decisión del Servicio Penitenciario de Santa Fe y están siendo considerados como presos generales (…) Estos tres presos, presentaron un habeas corpus, esto significa que los detenidos o presentan una alerta cuando consideran que corre riesgo su vida o su seguridad porque consideran que se sienten perseguidos por las fuerzas del Estado o porque siente que el Estado puede afectarle su salud o su vida”.

La Cámara Federal de Rosario ordenó al juez  federal Nº 2 de Santa Fe, Francisco Miño, que investigue si en el traslado se agravaron las “condiciones de detención”, y éste rechazó los habeas corpus presentados por los denunciantes. El juez sostuvo que no había una situación concreta que hubiera agravado las condiciones de detención de los denunciantes o el riesgo de un potencial conflicto con los presos comunes.

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