Miercoles 02 de Septiembre del 2015 - Esquel

Periodistas y vecinos de la Asamblea No a la Mina "fichados" por el Ministerio Público Fiscal

Es en el marco del expediente judicial por la recuperación de un territorio mapuche y tiene a la multinacional Benetton como querellante. Las fichas contienen fotos y datos personales de integrantes de asambleístas, entre ellos tres comunicadores de FM Kalewche (FARCO). El testimonio de Pablo Galperín.

Escuchar entrevista completa a Pablo Galperín, comunicador de FM Kalewche

Las fichas consisten en perfiles que cuentan con identificación fotográfica, actividades laborales, posicionamientos ideológicos y hasta cuestiones de la vida privada de militantes de la asamblea del No a la Mina, concejales, candidatos a intendentes y numerosos periodistas, incluyendo a los integrantes de la radio comunitaria Kalewche, Pablo Fernando Quintana, Pablo Galperín y Federico Ovidi.

Su existencia fue revelada por Fernando Radziwilowski, responsable de la Oficina de Derechos Sociales y de Pueblos Indígenas de de la Defensa Pública, en la misma audiencia que formalizó la incorporación de la multinacional Benetton como querellante en la causa. Allí el letrado reclamó a la Fiscalía que la investigación se ajuste a derecho y afirmó que las personas fichadas en el expediente “están siendo investigadas por el vínculo que pueden tener con lo que denominaron los supuestos actos de terrorismo”.

Uno de los periodistas que figura en las fichas es nuestro compañero Pablo Galperín de Radio Kalewche que nos daba más detalles de la situación.

Galperín también opinó que este espionaje tiene relación con la fuerte lucha de los vecinos de Esquel contra las corporaciones mineras que lleva más de 10 años y que es similar a la del pueblo mapuche contra la multinacional Benetton.

Luego de que el hecho fuera denunciado en la Justicia Federal, el fiscal Fernando Rivarola habló con la radio comunitaria, insistió en el repudio y reiteró que el Ministerio Público Fiscal desconocía la existencia de estas fichas que estuvieron durante tres meses en el legajo judicial.

En otro orden de cosas, Rivarola se comprometió a brindar un informe sobre el avance de la investigación judicial a raíz del mayor desastre ambiental ocurrido en la zona el último verano y habló de los inconvenientes en el acceso a la información. Sostuvo que hubo, cuanto menos, “imprevisión”, aunque aclaró que esto no quiere decir que todo derive en una denuncia penal.

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