Organizaciones tucumanas manifestaron preocupación por la política de seguridad de la provincia
La decisión del gobierno tucumano de reforzar la cantidad de efectivos y armas, despertó la alarma en organizaciones sociales y de derechos humanos.
Escuchar/Descargar el reporte de Eva Fontdevila, desde FM Raco
Con los delitos violentos en la agenda mediática, el gobierno de Tucumán impulsó y logró sancionar una ley que permite la compra de una importante cantidad de armas a Israel y la generación de cuerpos policiales en todos los municipios de la provincia.
El gobernador Juan Luis Manzur autorizó la compra de 4000 chalecos antibalas y 4000 pistolas 9 mm, 100 escopetas y 20 lanzagranadas y fue respaldado por la Legislatura provincial, en el marco de una ley de emergencia en seguridad sancionada en 2016.
Aunque la provincia se negó a la aplicación del protocolo Bullrich, que permite a los policías utilizar armas de fuego ante cualquier «peligro inminente”, la decisión del gobierno de Manzur de reforzar la cantidad de efectivos y armas, y la descentralización a través de policías controladas a nivel municipal prendió la alarma entre las organizaciones sociales y organismos de derechos humanos.
Matías Lorenzo Pissarello, coordinador del área de seguridad de la organización ANDHES – Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales-, expresó: «Lo preocupante es como un gobierno demuestra su ineficacia en materia de política pública de seguridad al brindar como única herramienta de solución a las conflictividades sociales la policialización de la ciudad. Es decir, nadie propone estudiar por qué la violencia se ha incrementado, nadie propone políticas públicas para prevenir que la violencia llegue a las puertas de nuestras casas. La única solución propuesta es mandar gente armada a la calle, sin ningún tipo de preparación para entender el sentido de la proporcionalidad y la necesidad».
La semana pasada el legislador peronista y abanderado de la bandera de “las dos vidas” Marcelo Caponio publicó un tweet reclamando ver a los ladrones “presos o muertos”, en una provincia que aún no logró juzgar a los policías que asesinaron en marzo por la espalda a Facundo Ferreira, un niño de 12 años.
#seguridad Yo quiero que los delincuentes estén presos o muertos. No quiero que mueran más tucumanos como ayer.
— Marcelo Caponio (@MarceloCaponio) 21 de diciembre de 2018
Hoy el ministro de seguridad Claudio Maley presentará en la legislatura provincial un informe sobre la política de seguridad y el combate al delito. Respecto al protocolo Maley, Pissarello manifestó su preocupación por «lo que se intenta transmitir a la sociedad y no tanto por lo que el mismo protocolo refiere».
«Tengamos presente que si los principios de necesidad, proporcionalidad, razonabilidad y legalidad se aplicaran diariamente como ya lo establecen las normas internacionales, se hubiese evitado el homicidio de Miguel Reyes Pérez, de Facundo Ferreira o del operario de la Corriente Clasista Combativa asesinado en la avenida Juan B. Justo hace poco tiempo», señaló.
