Lunes 01 de Julio del 2019 - Mendoza

Mendoza: campaña por el derecho a la protesta, contra la persecución a docentes

Desde el SUTE  lanzaron una campaña para repudiar la persecución judicial y la criminalización por parte del gobierno provincial que vienen sufriendo los y las docentes que defienden la educación pública.

Escuchar/Descargar el reporte de Radio Sin Dueño, desde Mendoza

El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) junto a diversas organizaciones sindicales, políticas, sociales y de derechos humanos de Mendoza comenzaron a organizar una campaña contra la persecución y criminalización del gobierno provincial a los trabajadores y trabajadoras de la educación.

Son muchos los casos entre los que se cuentan sanciones, bajas, traslados e imputaciones a quienes se pronuncian contra el ajuste de Cambiemos, tal es el caso de Pablo Masutti, docente y militante sindical imputado junto a otros dos compañeros por reclamar la reapertura de paritarias el año pasado.

En diálogo con Radio Sin Dueño, Masutti comentó que «nos encontramos con distintas persecuciones a lo largo de este tiempo, empezando por la compañera Paola Vignone en el 2016 cuando fue dada de baja de sus horas suplentes e inhibidas para tomar otras horas por hablar en contra del Operativo Aprender; y otros casos como tres compañeros imputados de la Escuela Tomas Godoy Cruz Normal por estar en una asamblea con los estudiantes o un supervisor que fue corrido de su suplencia por dar su opinión acerca del gobernador; el último suceso fue la imputación que recibimos tres miembros de la conducción del gremio, donde se nos acusa de impedimento del transporte público, cuando estábamos reclamando la reapertura salarial».

La semana pasada se sumó el caso de Carolina Gutiérrez, vicedirectora de una escuela primaria, quien fue trasladada a otra dependencia por utilizar lenguaje inclusivo en el colegio. Por estos hechos, el Sindicato iniciará acciones legales contra las autoridades de la Dirección General de Escuelas.

«Se ha formado un conjunto de organizaciones que intenta reforzar este trabajo que se está haciendo en lo judicial a través de un petitorio, de firmas que se van a recolectar a principios de agosto, una campaña de adhesiones de organizaciones de todo el país e inclusive de Brasil, Uruguay, que intenta reforzar la campaña judicial pero a la vez tirar por tierra la idea de penalizar la protesta y la criminalización del reclamo social» detalló el dirigente y concluyó: «Nuestra lucha es legítima y consideramos que el delito es abandonar la escuela pública».

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