Lunes 01 de Julio del 2019 - Mendoza

Bronca en Mendoza por otro juicio de gatillo fácil que termina sin justicia

A más de cinco años del asesinato a Lucas Carrazco en manos de la policía, se conoció la sentencia de tres años de prisión al oficial Guzmán Salazar, quien le había disparado al joven a la salida de un partido de Independiente Rivadavia.

Escuchar/Descargar el informe de La Mosquitera para Expreso FARCO

En 14 de marzo del 2014, Lucas Carrasco resultó gravemente herido por el efectivo de Infantería de la Policía de Mendoza, Diego Domingo Guzmán Zalazar, en las inmediaciones del Club Independiente Rivadavia. Dos días después, Lucas falleció en el hospital como consecuencia del disparo.

Recién esta semana se dio la sentencia que condenó a sólo tres años al oficial Diego Guzmán, sentencia que aceptó el crimen, que lo dio por hecho y que de todas maneras rebajó la condena dejando al oficial en virtual libertad. Al conocerse esta sentencia el pasado jueves 27 de junio, las reacciones de familiares, amigos/as, organizaciones políticas y de derechos humanos expresaron su bronca y pedido de justicia.

Sabrina Carrasco, hermana de Lucas, manifestó su malestar, insistiendo que el asesinato a su hermano, no fue un caso aislado dentro de la policía, sino que se trata de violencia institucional.

“Matan a pibas, atropellaron a Natalia Páez, atropellaron a Lorena Castro, mataron a Ezequiel Torres, mataron a Willy Gil, mataron a mi hermano. No es la primera vez que pasa esto en Mendoza, son muchos los casos de víctima gatillo fácil, son muchos los casos de víctima de violencia institucional y no hacen nada, la justicia nunca hace nada. Todos los casos condenas mínimas, cuatro años, tres años excarcelables, los chabones no van a la cárcel, no van a la cárcel”, comentó Sabrina Carrasco.

De la misma manera, Lucas Lecur, abogado de la familia comentaba las sensaciones: “Tenemos una sensación amarga porque la familia tenía mucha esperanza en este nuevo juicio que se había transcurrido con normalidad. Si bien se había hecho muy largo el juicio porque hace casi un año que estamos en juicio, ellos tenían la esperanza tanto desde el momento que se cambió la calificación y que se puso la calificación que ellos venían reclamando desde el primer momento, como también por el trato que habían tenido con el Tribunal y con las partes, ellos creían que sí iban a alcanzar la justicia y bueno, se van otra vez desesperanzados de este lugar. Ya una vez le dio vuelta la cara y otra vez sienten que pasa más o menos lo mismo”.

A su vez, los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad en Mendoza no escapan a una realidad nacional represiva, donde se consta en cada caso, complicidad del poder judicial.

María del Carmen Verdú de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), comentó a Radio La Mosquitera algunos detalles del juicio.

“A pesar que hubo un pedido fiscal de 18 años de prisión, fíjense de qué manera la propia figura utilizada por el representante del Ministerio Público busca disimular la responsabilidad estatal en el asunto como si el hecho hubiere sido obra casual de la intervención de un individuo, dejando de lado que Diego Guzmán es un policía que utilizaba un arma reglamentaria, la escopeta con la que disparó el cartucho de gas lacrimógeno que resultó fatal y que estaba interviniendo en ese momento, en tanto policía, en el marco de la represión a la hinchada. La figura por la que el fiscal pide 18 años de cárcel es el homicidio simple que es la misma figura que nos tocaría a vos o a mí que si agarramos un arma y matamos a otro”, se refirió Verdú.

En línea con la referente de CORREPI, Lucas Lecur, abogado de la familia Carrasco, describe ciertas particularidades comunes que se presentan en el desarrollo de juicios de gatillo fácil.

“Los casos de violencia institucional, los casos donde están involucrados funcionarios policiales o penitenciarios son casos que se investigan mal, se investigan lento, siempre se busca la impunidad de los autores y desgraciadamente cuando uno llega a debate, llega con pocos elementos de prueba y termina resultando esta sentencia. No es este caso, este caso tenía mucha prueba y por eso ha sido condenado por homicidio doloso, lo que pasa es que sorprende este atenuante que le terminan poniendo del exceso de su cargo, que si hubiera sido planteado por la defensa nosotros quizás por ahí nos hubiésemos preparados para esto, pero también sorprende que el tribunal lo toma sin si quiera la defensa hacer mención esto en sus alegatos mínimamente, nada”, explicó el abogado Lecur.

Por otra parte, las críticas y el descontento por el accionar del poder judicial en casos de gatillo fácil, es moneda corriente desde las agrupaciones de derechos humanos, quienes a su vez, destacan la fortaleza y la insistencia de familiares y organizaciones que acompañan constantemente ante cada hecho de violencia institucional.

Nazareno Bravo de HIJOS Mendoza analiza el contexto social. “Son situaciones que no se dan si no hay cierto consenso social lamentablemente. Las vidas de los chicos que mueren en manos de la policía, en general, son vidas que importan poco. Suena mal pero también es la realidad. Entonces cuando se llegan a estas instancias como las que estamos hoy, hay que remarcar sobre todo la persistencia de aquellas personas que han sostenido ese reclamo, esa lucha, esa militancia. En el caso de Lucas, montones de situaciones que tuvieron que pasar después del asesinato que eso ya es un tema a nivel familiar por supuesto, son momentos en los que queda reflejado por un lado que es importante, necesario y fundamental persistir en la lucha, en el reclamo, en mantenerlo, en dar la pelea; pero por otro lado, pienso que también marcan lo que nos falta todavía avanzar en el sentido de lograr empatía, solidaridad, sensibilidad con estos temas, para que de alguna manera se le ponga freno”, comentó Bravo.

También la hermana de Lucas, manifestó a la prensa la responsabilidad del poder político ante los agravios y mentiras que a la familia les tocó escuchar, hasta en palabras del propio gobernador de la provincia de Mendoza.

“El gobernado Alfredo Cornejo salió diciendo por televisión que nosotros buscábamos pidiendo plata, pero qué plata señor gobernador si nosotros buscamos justicia, si nosotros queremos que el Ministerio de Seguridad ponga a estos asesinos tras las rejas, eso es lo que queremos que esos policías no sigan sueltos, pero para que no maten ningún pibe más”, manifestó Sabrina Carrasco.

Por último, el aumento del promedio de muertes en manos de la policía, creció el los últimos años en Argentina. Así lo explican datos surgidos de CORREPI.

“Cuando asesinaron a Lucas Carrasco en 2014 decíamos con enorme preocupación que nos están matando una persona cada 30 horas, si unos años después, en febrero de este año, nuestro último informe nos está diciendo que nos están matando una persona cada 21 horas, imaginate que ese incremento en el índice implica de miles de casos que se van sumando al ritmo de uno por día, y eso a pesar de que hay muchísimos casos en los que la información llega tarde o directamente no llegan porque son casos que no toman visibilidad pública”, aclaró María del Carmen Verdú.

 

Escuchar/Descargar el Expreso FARCO

Más Noticias