Martes 01 de Noviembre del 2016 - J. J. Castelli

Más de 400 participantes en un encuentro sobre derechos humanos y acceso a la justicia de pueblos originarios

Se escucharon las voces de los representantes de comunidades de pueblos indígenas de Chaco, quienes contaron los obstáculos que tienen que sortear cada vez que reclaman por un derecho. También hablaron de las formas que tiene de actuar la justicia cuando sufren situaciones de violencia, que a veces es lenta y que otras tantas termina criminalizando a las víctimas

Escuchá/Descargá el reporte de Doris Ramos, desde INCUPO

Producción: INCUPO

Más de 400 personas participaron del IV Encuentro de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas organizado por la JUM (Junta Unida de Misiones), en la ciudad de Castelli (Chaco) los días 28 y 29 de octubre. La jornada que se realizó en el edificio del Palacio de Justicia de la IV Circunscripción Judicial del Poder Judicial, contó con el apoyo de la Asociación de Abogados y Abogadas de Derecho Indígena -AADI- y el Colegio de Abo­gados del Norte Chaqueño, Redaf (Red Agrofo­restal Chaco Argentino), INCUPO (Instituto de Cultura Popular), CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) entre otras instituciones.

Durante los dos días, las conferencias giraron en torno a los pueblos indígenas y el proceso penal; El derecho de los pueblos indígenas en el contexto nacional y provincial; Diversidad cultural y juicios por jurado; Informe sobre la situación de DDHH en Argentina; Situación de las mujeres indígenas del Gran Chaco Argentino en relación al acceso a la tierra, territorio y agua. También se presentó el libro “Aportes para la defensa de los derechos indígenas” de ADEPI y la presentación de informe para la Cedaw de la ONU.

De alguna manera, todas las charlas giraron en torno a las posibilidades, oportunidades y dificultades que tienen los pueblos originarios en cuanto al Acceso a la justicia.

Jorge Collet, integrante de la JUM, dijo a INCUPO que este encuentro, que tiene como propósito incidir en los actores del Poder Judicial, surgió “Al darnos cuenta que en la comunidades hay muchos que tienen conocimientos de sus derechos y de las leyes que lo integran como el Convenio 169, pero que el problema más serio que tenían era como acceder a la justicia, que timbres y puertas tocar dentro de la justicia para ir a plantear sus problemas, sus situaciones o pedir algún asesoramiento”. Desde la JUM habilitaron una oficina de “Ciudadanía, Pueblos Indígenas y Acceso a la Justicia” en donde se brinda este tipo de asesoramiento.

También hablaron funcionarios públicos como Juan Carlos Goya, el secretario de Derechos Humanos en Chaco, quien dijo que la sociedad tiene una “matriz genocida” y una deuda con los pueblos originarios.

Abogados defensores de las causas indígenas, quienes explicaron los marcos legales por donde se mueven los casos que están llevando; así como el juez Víctor Del Río, integrante de la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, planteó la importancia de los Juicios por Jurado sobre todo para los pueblos indígenas ya que en su art. 3 determina que si la víctima o acusado pertenece a uno de los pueblos qom, wichí o mocoví, “la mitad del jurado estará integrado obligatoriamente por hombres y mujeres de dichas comunidades originarias”. Los Juicios por Jurado desde el 2015 es ley en Chaco pero aún no logra implementarse.

Por su parte, Elizabeth Gonzalez, wichí y coordinadora de actividades judiciales con relación a las causas indígenas, planteó la importancia del trabajo de los peritos traductores ya muchas veces la mujer o el hombre indígena, que tiene como lengua materna el idioma de su comunidad, no conoce el significado que encierran las palabras castellanas. En varias oportunidades esta dificultad ha llevado a que firmen sin tener real conocimiento de lo que firmaban. Y en ocasiones fueron sus propias sentencias siendo inocentes.

El caso de la Reserva Grande

En el encuentro, también, estuvieron los representantes de la organización MOWITOB quienes reclamaron que se cumpla con la palabra comprometida y que le devuelvan las tierras de la Reserva Grande a las tres comunidades de los pueblos Mocovi, Wichí y Toba tal como lo habían acordado en el 2015. Y no de la manera en que fue decretado este año, que sin consultar a los pueblos se determinó que las mejores tierras, al lado del río fueran otorgadas a los criollos, y que la comunidad wichí fuera a la parte más hostil de la Reserva. “Si no tenemos tierra corremos el riesgo de desaparecer como pueblo”, dijeron.

 

 

 

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