Jueves 24 de Enero del 2019 - Córdoba

El gobierno sigue sin dar soluciones habitacionales a las familias sin techo de Juárez Celman

A más de medio año del desalojo de las 121 familias del asentamiento Barrio Parque Esperanza en la localidad de Juárez Celman, el gobierno de la provincia de Córdoba sigue sin dar soluciones habitacionales.

Escuchar/descargar el reporte de Ramiro Chaves de FM La Ronda, desde Colonia Caroya, Córdoba.

Desde aquel desalojo violento y sin orden judicial del 1 de junio de 2018, los gobiernos provincial y municipal, siguen sin dar soluciones concretas al reclamo común de las familias, por tierra y vivienda.

Tras meses de reclamo, vecinos y vecinas denuncian al Estado por no cumplir con la entrega acordada de lotes, y por intentar arreglar con dinero de manera unilateral con las familias en situación más desesperante.

A mediados de enero, unas 10 familias terminaron cediendo al reclamo a cambio de $45 mil que otorga la provincia como compensación para que transitoriamente puedan hacer frente a un alquiler.

Hoy, las más de 30 familias que decidieron continuar con el reclamo, siguen viviendo de manera precaria y de hacinamiento en la Capilla de barrio Parque Norte de Juárez Celman, a pocos metros del asentamiento donde vivieron por más de cuatro años, hasta el desalojo.

En comunicación con Radio La Ronda, Vanesa Villegas, vecina y referente de la agrupación Jóvenes Al Frente, manifiesta el rechazo a la propuesta del Ministerio de Desarrollo Social provincial, de retirarse de «manera voluntaria» a cambio de un dinero que resulta insuficiente para alquilar o comprar cualquier terreno.

«Que nos den los terrenos por lo menos porque es una mentira que viene haciendo el Ministerio con nosotros. Sigue con las promesas y no cumple. Hace ocho meses que fuimos desalojados y hace cuatro años que vivíamos sin agua y sin luz en ese barrio y siempre recibimos mentiras por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Dentro de la capilla está haciendo divisiones, sigue ofreciendo los $45 mil a las familias, algunas ya cansadas o por operaciones políticas para dividir a la comunidad, optan por recibir esa plata y creemos que $45 mil no nos solucionan nada», manifestó Vanesa Villegas.

A su vez, los/as vecinos y vecinas que resisten las maniobras del gobierno, entienden que el gobierno provincial busca romper la organización de las familias y desgastar la lucha por el acceso a la tierra y a una vivienda digna, dilatando los tiempos e incumpliendo el acta acuerdo firmada entre las partes en septiembre de 2018.

En dicho acuerdo, los vecinos y vecinas de Parque Esperanza plantearon el número de familias que tenían que ser afectadas por el lote de manera urgente, tras el desalojo. La lista que presentaron los vecinos/as nucleados en la Cooperativa de Vivienda 12 de junio, fue de 44 familias, sin embargo el Gobierno manifestó que afectaría sólo a 33. Se trata de 33 lotes ubicados en barrio San Javier de la ciudad de Córdoba, muy lejos de Juárez Celman.

“Luego del consenso y ante la necesidad de todo el grupo, se realiza un ejercicio de solidaridad de forma comunitaria cómo solía hacerse en Parque Esperanza. La decisión fue poner 33 titulares, pero a la hora de recibir los tan esperados lotes, cada uno cedería algunos metros para que la subdivisión hiciera entrar a 44 familias”, comentaban las familias a través de un comunicado.

Actualmente, son 31 familias sin techo las que resisten en la capilla de Juárez Celman.

«Nosotros no nos vamos a ir de la capilla porque seguimos con la clara convicción de que esas tierras nos pertenecen. De hecho barrio Parque Esperanza está declarado ya con esta ley de integración urbana, donde nos decían ilegales y ahora tenemos una ley que nos ampara y nos da legalidad. Sin embargo, la justicia hace oídos sordos y lo único que hace es reprimir a las familias cuando van a protestar. Nosotros como ciudadanos argentinos y cordobeses nos merecemos el acceso a la vivienda y lo vamos a seguir gritando que Parque Esperanza resiste y no se va a ir hasta lograr sus tierras que le corresponde y es un derecho que se nos niega», expresó Vanesa Villegas.

Previo al desalojo del 1 de junio de 2018, Parque Esperanza ya estaba reconocido por el Estado en el Registro Nacional de Barrios Populares junto a más de 4.416 casos de asentamientos informales en todo el país. Las familias estuvieron viviendo en el lugar desde hacía cuatro años y reclamaban al gobierno municipal de Miriam Prunotto y al gobernador Juan Schiaretti, una solución a la problemática de vivienda y hábitat: la urbanización del predio y el legítimo reconocimiento del barrio.

Pese a la aprobación de la ley de Regularización Dominial e integración Urbana en octubre pasado, hoy Barrio Parque Esperanza sigue sin una solución habitacional y continúa luchando y aguardando por un lugar donde vivir.

Escuchar/descargar la entrevista completa a Vanesa Villegas.

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