Jueves 22 de Junio del 2017 - Jocolí

Campesinos y campesinas fueron imputados por defender sus tierras

La denuncia contra la comunidad fue realizada por la empresa Texone S.A.,que a su vez intentó tomar posesión de manera violenta e ilegal debido a que no cuenta con escrituras. Los campesinos señalan el accionar parcial y discriminatorio del fiscal y los jueces.

Escuchar/Descargar el reporte de Germán Flores, desde Radio Sin Dueño

La Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, organización que integra el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), denunció que la justicia de Lavalle actúa de manera parcial y discriminatoria contra las familias campesinas de ese departamento mendocino, que reclaman por su derecho a la tierra.

Ayer, la organización emitió un comunicado en el que relató que la Fiscalía de Instrucción N°16, a través del Fiscal Juan Manuel Bancalari, se pronunció a favor de la empresa cordobesa Texone S.A, que pidió que se eleve a juicio oral a puesteros de Jocolí, Lavalle, tras una denuncia que realizó la empresa por turbación de la posesión, amenazas y daños.

Las familias campesinas señalan que el fiscal procedió de manera parcial, ya que Texone S.A ha sido denunciada más de 20 veces por los puesteros desde principios del 2014 cuando intentó, sin título alguno, usurpar los campos que poseen aquellas familias desde hace generaciones con el aval del Departamento General de Irrigación.

Ayer se realizó una audiencia que definirá si se eleva o no a juicio a las familias. En declaraciones a Radio Sin Dueño, de Tupungato, Mendoza, el puestero Horacio Suárez manifestó que “el fiscal y el juez han sido imparciales en la investigación. Ahora vamos a poder dar testimonio de que somos poseedores del lugar”.

Suárez contó que quien oficia de apoderado y operador de la empresa Texone en el territorio es el ex sub comisario Esteban Rivas, quien fue también denunciado por los campesinos años antes, pero la justicia en ese momento no actuó. “Estas cosas no pueden funcionar si no hay una mafia atrás, de la policía y del poder judicial. El fiscal no pidió todas las pruebas sobre quiénes son los verdaderos poseedores del lugar, para realizar un juicio justo”, apuntó el puestero.

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