Martes 11 de Octubre del 2016 - Mendoza

Acusan al empresario de medios Daniel Vila de robarse una cascada

"El Estado no interviene y hay un avance indiscriminado sobre los bienes del pueblo", afirmó Jorge Aguilar Rech, miembro de la ONG ambientalista Aguas Libres.

Escuchá/Descargá el reporte de Germán Flores, de Radio Sin Dueño

Crecen en Mendoza el número de denuncias a empresarios y terratenientes que alambran ríos y arroyos considerados por el Código Civil como “espacios de dominio púbico”. Pescadores, escuelas, organizaciones y deportistas han puesto de manifiesto reiteradas veces esta situación en la que, además de los alambrados que vedan el paso público de personas, se ha detectado contaminación de cauces, usurpación de espacios naturales y destrucción de los mismos con fines inmobiliarios.

Mientras tanto, el Estado conmina a pequeños y medianos poseedores a apegarse a la ley, dejando avanzar impunemente a los grandes empresarios sobre los bienes comunes y públicos.

Jorge Aguilar Rech, miembro de la ONG ambientalista Aguas Libres,dijo a Radio Sin Dueño: “nuestra experiencia con empresarios terratenientes no ha sido buena en ningún sentido. El Código Civil establece claramente que los lechos del río y el agua, son de uso y dominio público. Y hay que ponerle un tilde importante al tema ambiental: un alambrado o una tranquera (donde no se corresponde) es grave, pero más grave es un alambrado o una tranquera que esconde una contaminación que no podemos verificar o acceder”.

Puntualmente, Daniel Vila está acusado de la usurpación de la Cascada San Isidro y de la contaminación del Río Mendoza con hipoclorito de sodio y líquidos cloacales. “El Estado no interviene y hay un avance indiscriminado sobre los bienes del pueblo”, afirmó Rech.

En 2014, la Dirección de Irrigación determinó que el río San Isidro es público y se obligó a los usuarios a empadronarse y comenzar a pagar por el uso del agua. El pago debía hacerse desde 2002, cuando se constató que existía la obra de entubamiento del río. La firma Dalvian -instalada en la zona y vinculada con Daniel Vila- no pagó y, en cambio, recurrió a la justicia para reclamar la posesión del agua. Esa empresa asegura que el río está bajo su propiedad y se pide que se “le reconozca la titularidad exclusiva, plena y bajo su dominio privado del caudal de agua”.


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